Jeisson Romero Infante

Columnista

Primicia Diario

@Jeikinfante

En días pasados fue aprobado  el Acto Legislativo que reforma buena parte de la Constitución del 1991, la reforma del equilibrio de poderes. Uno de los asuntos que modifica dicha reforma, es lo que tiene que ver con la Rama Judicial y desde allí se han opuesto a esta reforma, tal y como lo ha manifestado Hermes Lara, Presidente  de la Corporación de jueces y magistrados de Colombia, quién ha dicho que la reforma es desafortunada porque atenta contra la autonomía de la Rama. Dice también, que la nueva figura del Director Ejecutivo de Administración Judicial es terrible, por cuanto entrega a éste un poder muy amplio. Ese gerente va a manejar el presupuesto de la rama y va a decidir sobre los más de 25 mil cargos.

Puntos a favor y en contra hay muchos, es entendible. En esta reforma lo que se quiso fue incluir un poco de todo. En lo referente a la Justicia, se quiso enmendar, de alguna forma, el fiasco de la pasada reforma a la justicia promovida por el gobierno de Santos que terminó por favorecer intereses de unos cuantos pero no daba ninguna solución real al ciudadanos de a pie. Bien porque lo que se hizo fue una reforma a la Constitución, no una reforma legal que tenga verdadero impacto en los casos particulares o bien, por falta de voluntad política (léase, anteponer intereses particulares sobre los intereses generales, de la sociedad en general). Personalmente, me quedo con la segunda.

Según el índice de Percepción de Corrupción 2014 de Transparencia Internacional, la corrupción en el país mantiene altos índices y si, tenemos que hablar de corrupción porque en esta reforma también la hubo, basta ver la influencia del ex súper ministro Néstor Humberto Martínez para la aprobación y cambios en varios artículos. Es por eso y más que ocupamos el puesto 94 entre 175 países evaluados y, entre los países de las Américas que fueron evaluados, Colombia se mantiene por debajo del índice promedio de la región, que es de 45 puntos. Datos que nos demuestran que aún nos hace falta mucho camino para mejorar nuestras instituciones, no en vano el Legislativo no ha podido aprobar una verdadera reforma a la justicia, por esos intereses políticos.

En Colombia tenemos una justicia desordenada y primitiva y lenta; es una justicia que intenta dar resultados a la sombra de la corrupción imperante en todo el Estado, incluyéndola a ella misma. Una justicia de la que desconfían todos los ciudadanos pero que todos claman por ella. Todos los días miramos y compadecemos a esa justicia esquiva que lucha con unos intereses que defienden unos pocos y otros, que tocan a muchos, a todos sus empleados, sus servidores.

En pleno siglo XXI en donde un joven emprendedor e innovador colombiano, diseñó un pizarrón digital, los encargados de manejar y ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial no ha podido dar una salida para dejar a un lado las montañas de papel que llamamos, expedientes. Harto se ha avanzado con la oralidad en los procesos penales y laborales y civiles, pero sigue siendo inocuo. En mi ejercicio profesional como abogado – como muchos otros abogados-, he tenido que enfrentarme casi que a diario con muchas talanqueras que van, desde largos desplazamientos, dentro y fuera de la ciudad – pérdida de tiempo en trancones- únicamente para mirar el estado de un proceso, hasta largas filas para radicar algún escrito. ¿Cómo sería si desde el Estado se le apostara con seriedad a las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y calidad de la prestación del servicio en la justicia?

El Congreso y los gobiernos de turno, continúan en deuda con el país en proponer y aprobar una verdadera reforma a la justicia, una que beneficie a los ciudadanos, una en la que por primera vez, hagamos uso eficiente de los recursos (limitados o no) de la Rama Judicial y una de las respuestas la podemos encontrar en las TIC´s.