Cuando se establece de nuevo la figura de la reelección presidencial, para tranquilizar a la opinión pública el gobierno de la época profiere una ley que se llama de garantías para que la administración pública no pueda realizar contratos directos y convenios interadministrativos, y establece otras restricciones a los funcionarios públicos durante los cuatro meses previos a las elecciones. Esta veda se replica en cualquier tipo de elección, que en la práctica semiparaliza la administración, lo que se complica en ciertas anualidades como el año pasado que hubo elecciones para Congreso y presidenciales en primera y segunda vuelta.
La famosa ley de garantías no ha servido para mucho, creo que ha hecho daño a la administración pública paralizándola y eso no es bueno.
Ahora que con el Acto Legislativo de equilibrio de poderes se elimina la reelección presidencial y no existe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, no tiene sentido la ley de garantías, es conveniente desmontarla, especialmente en lo que tiene que ver con la restricción en el gasto e inversión pública. Tal vez se deba mantener el congelamiento de la nómina, especialmente las nóminas paralelas, la prohibición de los funcionarios públicos de inaugurar obras y de participar en reuniones con presencia de candidatos en contienda.
Las críticas de la oposición por el desmonte de la ley de garantías no tienen fundamento, porque hay legislación abundante distinta a esta norma para ponerles «tatequieto» a los funcionarios públicos que abusen del poder e intervengan en política, donde la Procuraduría, la Fiscalía y los jueces de la República la pueden aplicar con rigor. Que dejen el alboroto, porque eliminando la ley de garantías, se puede lograr el mismo objetivo con normas anteriores sin parálisis administrativo.