En el presente caso el informe de la ONG Human Rights Watch, teniendo en cuanta 3.500 episodios de falsos positivos, obviamente que está condenando estos procederes debido a que  estos desafueros  militares afectan a muchas familias colombianas. 

Jorge Giraldo Acevedo

Columnista

Primicia Diario
Las expresiones del reciente informe de la ONG Human Rights Watch en el que denuncia supuestos falsos positivos está demasiado y claro que efectivamente lo que menos quiere el país es que ese  atroz episodio quede en la impunidad. 
Los señalamientos del organismo mundial  en lugar de perjudicar al estamento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los beneficia debido a que les pone a todos sus integrantes de presente que en el marco de sus deberes y obligaciones no pueden desaparecer, torturar, ni asesinar personas.  También está claro que con lo señalado por la ONG no se está poniendo en juicio la institucionalidad de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional de Colombia, y mucho menos su prestigio y profesionalismo. 
Es verdad que se cometen desafueros y estas situaciones se presentan en todas las profesiones, actividades y oficios. En el presente caso el informe de la ONG Human Rights Watch, teniendo en cuanta 3.500 episodios de falsos positivos, obviamente que está condenando estos procederes debido a que  estos desafueros  militares afectan a muchas familias colombianas. 
Según  lo denunciado por la organización mundial  de los derechos humanos los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,  en aras de lograr beneficios, presuntamente  cometieron esos falsos positivos, episodios que a la luz de los hechos es una situación gravísima por la muerte de personas inocentes.
Casualmente,  con motivo  del informe de la ONG Human Rights Watch, es oportuno recordar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el mes de diciembre de 2014 condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 y en el que se asevera que «existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma». Hoy en día podemos aseverar que esa fue  una situación jurídica ya anunciada, como muchos de los trascendentales hechos que suelen ocurrir en Colombia.
Ahora bien, en ningún tiempo se está poniendo en juicio la institucionalidad de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional de Colombia y mucho menos su prestigio y profesionalismo pero sí se están castigando los desafueros militares.
En el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, está castigando al Estado colombiano por la desaparición de 11 personas y la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas y eso, indiscutiblemente, fue un desafuero militar y lo peor es que en aras de cumplir el deber se presentó una situación gravísima como lo fue la muerte de esas personas tal y como también ha ocurrido en los episodios de 3.500  «falsos positivos» tratados en el reciente informe de la ONG Human Rights Watch.