Más de cinco millones de colombianos han sufrido en carne propia el desplazamiento,

Con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, un fiscal del Eje temático de Desaparición  y Desplazamiento Forzado le definió la situación jurídica al procesado Cristóbal Cantillo Charrys, vinculado a una investigación adelantada por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

La determinación del fiscal instructor se relaciona con los hechos ocurridos el 16 de julio de 2001, en los que José Eugenio Cantillo Orozco y su núcleo familiar fueron desplazados del predio El Amparo, ubicado en el corregimiento La Estrella, en jurisdicción de Chibolo (Magdalena).

La  captura de Cantillo Charrys se produjo en la carrera 5 con calle 5, barrio Monserrate del municipio de Pivijay (Magdalena), durante un operativo realizado por el grupo de desaparición  y desplazamiento forzado, con apoyo de investigadores de la Subdirección Seccional de Policía Judicial, CTI Magdalena.

La investigación del CTI estableció que los desplazamientos forzados de varias víctimas de esa región se realizaron a través de amenazas y presiones del grupo ilegal al mando de alias «Jorge 40», que delinquía en esa zona del país, mediante negociaciones jurídicas de venta bajo coacción de tierras, que luego eran entregadas a un colaborador del grupo ilegal, para apoderarse de dichos terrenos.

Entre las actividades investigativas y los testimonios de las víctimas directas, se estableció que Cantillo Charrys aparece firmando promesas de compraventa y escrituras públicas sobre predios ubicados en la localidad de Chibolo, de los cuales habrían sido desplazados sus propietarios.

El asegurado fue recluido en la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’, de Santa Marta (Magdalena).