Son muchas las familias de comunidades indígenas que vienen a la capital en busca de paz, tras ser desplazadas de sus tierras por la violencia y el conflicto armado. 

Tatiana Lezama

El desplazamiento forzado de las comunidades indígenas del suroccidente del país,
ha tenido efectos dramáticos en sus poblaciones y en cada individuo que trabaja en las calles /
Las poblaciones indígenas cada vez están más presentes en las ciudades. Es muy común verlas en Pereira, Medellín, Cali y Bogotá.  Es aquí donde están presentes en el centro de la ciudad, en las esquinas, en las iglesias; hombres y mujeres al borde de ser invisibles, solo existiendo acurrucados y esperando vender sus artesanías para cubrir sus necesidades básicas.

Son muchas las familias de comunidades indígenas que vienen a la capital en busca de paz, tras ser desplazadas de sus tierras por la violencia y el conflicto armado. La guerrilla, los paramilitares y el mismo ejército nacional, los despojan de sus tierras, sus enseres y poco a poco de su cultura.

«Nos bajaron del monte a palos y tiros. Míreme, perdí el ojo cuando mi hijo, por sacarme para protegerme, me caí y me di en un ojo. La guerrilla nos iba a prender candela vivos, y mi hijo me arrastró y perdí el ojo con un chamizo que me enterré. Pero fue por afán, no porque mi hijo sea malo. Lo hizo por salvarnos, él me sobrevivió. A mi marido y mis otros dos hijos me los mataron en el monte ahí cerca de Mistrató», relata María Páez, quien ahora vive como desplazada en Dosquebradas, y va de casa en casa vendiendo aretes que ella y su hija más pequeña hacen para comprar algo de panela y pagar un cuarto en el centro de Pereira.

Como ella y su familia hay alrededor de 300 familias más en estado de desplazamiento por todo el territorio nacional. Los acuerdos del gobierno con los indígenas se limitan a firmar compromisos, mientras la ‘SENTENCIA T-025, AUTO 004: PLAN SALVAGUARDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA’, que analiza la problemática, busca soluciones, y es un pacto del gobierno por ayudar a cada individuo en riesgo por la violencia. No obstante, es olvidado y desvalorizado cada día.

Entre los efectos del desplazamiento forzoso están la violencia sexual, las redes delincuenciales, la mendicidad, la explotación y la discriminación. Esto acentúa aún más efectos tan graves como la victimización de los menores por explotación laboral, trata y mendicidad, lo que lleva muchas veces a la separación de los niños de sus padres por parte de la policía o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los menores de edad desplazados deben afrontar también la separación de sus entornos y la ruptura en el proceso de transmisión cultural, originando en ellos la pérdida de respeto hacia sus familias, sus mayores y sus propias culturas.

«Aquí había muchos indígenas el año pasado. ¡Uh!, había hartos, hasta a mí me daba pesar. Ese indígena (desplazado) me daba pesar. Yo a veces me iba ‘camellando’ hasta con cuatro peladitos y una señora, por ahí pidiendo moneditas. Yo soy buena gente, son mi raza y me da pesar. Yo buscaba darles un almuercito, eso es bendición de uno, uno pobre, pero tiene que buscar ayudarse uno solo, no hay más», comenta Norvey Giraldo, indígena Embera Chami de Pereira, quien vive en Bogotá desde hace 12 años y trabaja con su mujer e hijo. Él no es desplazado, pero llegó a la capital buscando mejorar sus ingresos, ya que en la Perla del Otún no hay oportunidades laborales para él y su esposa.

La situación de la mujer en el desplazamiento es particularmente aguda por la exclusión y marginación que viven los grupos étnicos por las estructuras socioeconómicas discriminatorias y racistas que prevalecen. Adicionalmente, existe la desintegración de sus redes sociales, comunitarias y culturales de apoyo, sufriendo así una triple discriminación: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser desplazadas.

«Yo vengo desde Florencia (Caquetá) y me hago aquí desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m. El trabajo está duro, vengo a trabajar, pero está duro. No todo se vende, lo más caro no se vende, es llamativo, pero no se vende, la gente no aprecia el trabajo y uno aquí todo el día al sol y al agua, y piden más barato cada vez. Yo soy sola, la comunidad me ayuda. Mis hijas, las nietas, los nietos hacen aretes y pulseras que yo vendo. Vengo y voy de aquí a Caquetá porque las ferias son muy caras»,  señaló María Lina Caisan, quien es de las comunidades indígenas del Caquetá y conoce las penurias de la calle, pero sigue buscando trabajar a sus casi 70 años.

Las condiciones de trabajo son poco recomendables para cualquier persona y más de su edad, pero hay pocas alternativas y soluciones para una de las comunidades más grandes en el ámbito latino americano. Los Embera van desde las costas de Panamá hasta el sur de Nariño en Colombia bordeando toda la costa pacífica. Las entidades del Estado no dan soluciones y la única salida que ven es agruparse y trabajar en la calle, como muchos hacen, o con Artesanías de Colombia, entidad gubernamental que apoya a los artesanos del país, creando un espacio de difusión de sus creaciones, pero nada es fácil ni gratis cuando se refiere al comercio.

La situación de la mujer en el desplazamiento es particularmente aguda por la exclusión y marginación que viven los grupos étnicos por las estructuras socioeconómicas discriminatorias y racistas que prevalecen. 

Entre los efectos del desplazamiento forzoso están la violencia sexual, las redes delincuenciales, la mendicidad, la explotación y la discriminación.