Jeisson Romero Infante
Columnista
Primicia Diario
El acuerdo firmado en días pasados entre el gobierno del presidente Santos y las FARC sobre uno de los temas más importantes y más sensible de los diálogos de paz, es un acuerdo de imperativo valor no sólo porque recoge lo que muchos colombianos pedíamos, que era un acuerdo en donde hubiera un reconocimiento por parte de las FARC como victimarios que son y, a su vez, que se reconociera verdad, justicia, reparación y no repetición frente a las víctimas. Pero a eso se sumó que también le dejó la puerta abierta para que otros actores del conflicto se sometan a dicho acuerdo.
Obviamente lo acordado no es ni será la panacea pero es, sin duda alguna, lo mejor y más cercano posible a lo que se quería desde el inicio de los diálogos de La Habana. Tampoco cabe duda que desde algunos sectores de la sociedad y de la política colombiana haya detractores los cuales no estén de acuerdo con lo pactado. Pero en lo que no puede caerse es en una oposición mezquina y odiosa, eso lo único que genera es polarización y división en el país. Más en Colombia en dónde hemos nacido y crecido en una sociedad en conflicto y que una noticia como la dada, genera esperanza de un mejor futuro.
Esas voces que se oponen al acuerdo logrado, olvidan que cuando se llevó a cabo el proceso de desmovilización con los paramilitares mediante el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia, con la intervención de la Iglesia Católica, la OEA y la comunidad internacional, estuvo plagado de actos delictivos por parte de muchos de los bloques de las autodefensas, desde masacres de campesinos, homicidios de personas de ideología distinta, violaciones a mujeres y niñas y narcotráfico, hasta las más sendas orgías y parrandones acompañados por músicos reconocidos, aunque los integrantes de las AUC se habían comprometido al cese unilateral y definitivo. Aun así aunque la ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) fue, en cierta medida, benévola en el tratamiento que se le dio a los altos mandos de las autodefensas, sirvió también, para desmovilizar a buena parte de esos grupos alzados en armas.
Hoy en día existen muchas víctimas de los grupos de autodefensas que no han conseguido la justicia, verdad y reparación a la que se comprometieron los integrantes de aquellas, de hecho, aún hoy no han podido regresar a sus tierras por la constante amenaza a la que se ven expuestas; otras tantas han sido asesinadas en el marco de las reclamaciones, según lo normado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de vastas extensiones de tierra arrebatadas por ese grupo armado en medio del conflicto, a eso se suma que todavía falta mucho, pero muchísimo para saber toda la verdad, la de ellos.
Afirmar que lo acordado en La Habana traerá impunidad para las víctimas, no es más que un sofisma con el que quieren, y han querido desde el inicio de los diálogos, bombardear el proceso de desarme con esa guerrilla. Tal vez porque en el fondo, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe no podrá hacerse como suya la victoria de la desmovilización de las FARC. Lo que hace que sea más por mezquindad y odio que desee que no se logre y prefiera mantenernos en guerra quién sabe por cuantos años más. Claramente, el acuerdo tiene muchos puntos vagos, ambiguos y otros por reglamentar y que sin duda alguna deberán estar acordes con lo pactado y con lo que pide el país y las víctimas, todo un reto.
Pero el verdadero reto que se impone a todos los ciudadanos colombianos es el de defender lo que se acuerde, a dar los debates que hayan que dar, pero sobre todo el verdadero reto que nos tiene que unir como nación, es el del perdón porque sin éste difícilmente podremos vivir en un país en paz y la paz comienza por cada uno de nosotros.