Jeisson Romero Infante}
Columnista
Primicia Diario
Por estos días la Policía Nacional conmemora sus 124 años de existencia desde aquel 5 de noviembre de 1891 en el que el gobierno de la época la organizó como cuerpo policial mediante decreto. El actual aniversario no ha sido ajeno a los escándalos en los cuales se han visto envueltos muchos de sus integrantes, el más sonado por estos días fue el de el director de esa misma institución, el general Rodolfo Palomino; hechos por los cuales la Procuraduría General de la Nación ya le abrió una investigación disciplinaria.
Los hechos que dieron origen a la investigación al general Palomino se remontan al año de 1998 cuando, supuestamente, el hoy director de la policía acosó sexualmente a un subalterno suyo. Las denuncias las hizo la supuesta víctima, el teniente coronel Reinaldo Gómez quién con dio a conocer unas grabaciones en donde el secretario general de la policía Ciro Carvajal, el comandante de la policía de Cundinamarca Flavio Mesa y el secretario jurídico de la misma institución, Jhon Quintero, trataron de incidir en la versión del denunciante para que éste la cambiara con tal de no dañar su imagen y carrera y, de paso, la del director de la policía y de la misma institución. A eso hay que sumarle la denuncia de Daniel Coronell en su columna de la Revista Semana y que involucra al hermano del Director de la policía y otro alto oficial.
Si bien la Policía Nacional cuenta con una imagen favorable del 60%, según una encuesta realizada en marzo de este año por Pulso País, no deja de ser menos cierto que muchos de sus integrantes hacen méritos para que ese porcentaje sea puesto en entredicho. Y no es únicamente por el comportamiento de sus miembros con la ciudadanía en general sino también, por los actos de corrupción que con frecuencia se denuncian al interior de la misma y que los cometen hasta con sus propios pares.
Basta recordar el caso de los patrulleros que detuvieron al ex senador Merlano quienes luego de cumplir con su labor, se convirtieron en víctimas de hostigamientos y acoso laboral, según ellos mismos denunciaron. Casos como el de esos patrulleros, la intendente que denunció que tuvo que acostarse con un coronel para que no la separara de su hijo, el caso del general Santoyo otrora jefe de seguridad de Uribe y hoy condenado en E.E.U.U por narcotráfico y, así la lista va aumentando. Escándalos de amenazas, acosos sexuales, laborales, extorsiones, homicidios, hurtos, estafas y un sinfín de de delitos; me recuerda la maravillosa novela del escritor Fernando Soto Aparicio “Después empezará la madrugada” en donde se retrata no sólo la violencia partidista de la época, sino también los excesos cometidos por los miembros de la policía.
Con lo anterior, no quiero decir que todos en la institución sean unos bandidos o corruptos, no. Sabemos como ciudadanos la labor primordial que cumplen sus integrantes y las grandes y exitosas operaciones que han ayudado a la seguridad y tranquilidad de todos y todas en el país, pero en últimas, ese es el trabajo de sus integrantes. A ellos se les exige cumplir su mandato constitucional y legal.
Es así que el Estado es responsable de los excesos cometidos por los miembros de la policía y es este quien debe promover al interior de la institución que se respete los derechos fundamentales y humanos de todos los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Debe el Estado exigir que sus integrantes sean ante todo, ciudadanos que promuevan la paz y el respeto por la vida y no, como en la obra del maestro Fernando Soto Aparicio, que a su paso dejen víctimas como la pequeña Clara Vicenta.