En 1985, presentamos ponencia en el «Primer Congreso Iberoamericano de Informática y Documentación» que se llevó a cabo en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia, donde se destacó especialmente: «Hacia una Legislación de Informática y de Archivos, dentro de la Concepción Moderna del Estado y del Derecho
José Douglas Lasso Duque
Archivista y Documentalista
Especial para Primicia.
En 1985 se constituye en Cali, Valle del Cauca, Colombia. La Fundación “Archiblios”, Entidad autónoma sin ánimo de lucro personal, creada con el objetivo fundamental de realizar tareas permanentes de apoyo, divulgación y salvaguarda de archivos, “Ciencias de la Documentación e Información”, tan esenciales para el desarrollo y servicio de la administración pública y privada, la ciencia, la historia, la cultura, y el saber humano de grupos sociales relacionados con disciplinas afines y complementarias a sus objetivos y responsabilidades para con la Archivística,
Bibliotecología, Museología, Documentalística, Conservación, Informática, y la Epistemología; que a la luz de las nuevas tecnologías adquiere más significación y responsabilidad; reflexión a la necesidad de su conocimiento y urgente aplicación profesional y legal. Lo que cimenta, desde hace 29 años, en su permanente actividad para toda Colombia, “consagrados en:
§ Los derechos a la información tanto a las personas públicas y privadas como a los ciudadanos en general.
§ La vida económica y social. La Investigación Científica, Cultural e Histórica.
§ La administración, gracias a la reducción de sus gastos generales.
§ Al gobierno, como fuentes de información privilegiadas.
§ Al estado, como custodios de los títulos de su soberanía.
§ La nación, como su memoria, y
§ La comunidad internacional, como parte inalienable del Patrimonio de la Humanidad.(Bruno del Mas/UNESCO).
En 1985, presentamos ponencia en el «Primer Congreso Iberoamericano de Informática y Documentación» que se llevó a cabo en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia, donde se destacó especialmente: «Hacia una Legislación de Informática y de Archivos, dentro de la Concepción Moderna del Estado y del Derecho.» Este documento enfatizó, en todo su contexto, la «epistemología y sus bases fecundas y elementos metodológicos para el desarrollo del conocimiento humano y científico enfocado a los archivos», esta proposición fue bien recibida por el pleno del Congreso, y el representante de la Presidencia de la República: Doctor Jorge Phillips Villaveces, Secretario del departamento de informática.
Lo anterior nos animó en 1986 a llevar a cabo el «Primer Encuentro Hispanoamericano de Directores de Archivos de la Administración Pública y Privada», en el marco de la celebración de los 450 años de la ciudad de Cali, en el Gran Salón del Hotel Intercontinental de Cali, con el patrocinio de la división de papelería de Carvajal y Cia, «Norma»; de «Propal»; «Cartón Colombia»; Panadería y Pastelería “Kuty”; Gráficas «Karin.» y Editorial “Mercedes”, el estímulo y asistencia de archiveros de «Acar» y «Asebiar.» y delegaciones de l5 países. Los debates se orientaron principalmente sobre, la necesidad de disposiciones y normativas legales para el manejo y protección de los archivos de todo el país y la labor de los archiveros.
Todo lo anterior nos dio posicionamiento ante la comunidad archivística nacional e internacional y consolidó a “Archiblios” como máxima defensora de la actividad de los profesionales archivistas y de los fondos documentales.
En Julio de 1987, Archiblios se dirigió al señor Presidente Doctor Virgilio Barco, informándole de nuestra labor, enviándole todos los documentos relacionados con la tarea que habíamos emprendido durante varios años hasta el 1er. Encuentro Hispanoamericano de Archivistas del 86. El 12 de Enero de l988, recibimos su respuesta por intermedio del asesor Cultural Doctor Jorge Eliécer Ruiz, que dice así: “Por mi conducto el señor Presidente de la República acusa recibo de su atenta comunicación fechada en esa ciudad el 9 de julio de 1987, de cuyo contenido ha tomado con la mayor atención el conocimiento del caso, y les agradece sinceramente el ofrecimiento que ustedes le hacen al gobierno de una colaboración desinteresada en el amplio campo de la Archivística y la Estadística.
En agosto de 1988, Archiblios asistió, al XI Congreso Internacional de Archivos, en Paris, que organiza cada cuatro años el Consejo Internacional de Archivos, ICA/CIA, cuyo tema principal fue «Los Nuevos Documentos de Archivos».
En dicho congreso, con el respaldo de los delegados de diversas naciones, entre ellas, algunas de África, presentamos a nombre de los archiveros de Colombia, una comunicación a manera de proposición, solicitando al Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Archivos, su colaboración a los países interesados en mejorar lo relacionado con la conservación de sus documentos históricos y sobre la marginación que sufrían los archiveros y gremios de la actividad profesional archivística. Esto fue apoyado por otras delegaciones, además de solicitar esfuerzos dirigidos a lograr la creación del Sistemas Nacionales de Archivos en los países en proceso de desarrollo. Todo fue aceptado por el Comité Ejecutivo y serian tenidos en cuenta en calidad de recomendaciones, según los principios de soberanía de cada Nación.
En octubre de 1990, en comunicación, dirigida al señor Presidente de la República, Doctor Cesar Gaviria Trujillo, propusimos, con la asesoría jurídica del Dr. Gustavo Ruiz Montoya, a la mesa nacional encargada de recoger las propuestas a la constituyente, «Archiblios», a nombre de la causa de los archivos, de los archiveros y del derecho de información, presentó una propuesta encaminada a fortalecer las políticas de conservación de los bienes culturales de la Nación y la libertad de información en el país. La propuesta, posteriormente fue recogida y acogida, por el Doctor Álvaro Gómez Hurtado, que fue parte de la terna presidencial de la constituyente; quien nos manifestó: «(…) hemos tenido ocasión de considerar sus sugerencias, para entresacar aquéllas que coincidan con el Acuerdo sobre lo Fundamental que estamos proponiendo para rescatar la moral, la justicia y la verdad, que deben sustentar los principios básicos de nuestra Carta Política.”
El Texto de la comunicación fue así: puntos que no aparecían consagrado en nuestra Constitución Política de l.886:
I.- Sobre bienes culturales, necesidad constitucional de definirlos conservarlos.
II.- Derecho de información: derecho constitucional.
Exposición de motivos:
1. No existe, constitucionalmente hablando, una política sobre conservación de los bienes culturales de la nación. Y no existe una definición constitucional sobre el derecho de información.
2. Partiendo de las bases que los bienes culturales se definen como los objetos materiales (muebles e inmuebles) asociados a las tradiciones culturales que conservan la memoria de la nación y ellos constituyen parte inalienable del patrimonio de la humanidad y los cuales evidencian los indicios de las raíces de nuestra propia identidad e idiosincrasia, lo que impone su conservación y custodia para hacerle frente a su saqueo y destrucción, se hace necesario e indispensable elevar a canon constitucional una política que defina, organice dichos bienes ya que es evidente el deterioro que presentan ya sea por falta de la definición, organización y conservación de los mismo, por su indebida utilización, por su saqueo y el hurto permanente, por su tráfico y la comercialización ilícita, por la falta de personal idóneo para su mantenimiento y por falta de una política constitucional que muestre su real importancia en el devenir histórico de nuestra sociedad.
3. Así mismo hace parte de los derechos humanos modernos el derecho de información.
No existe a nivel constitucional este derecho. Debe establecerse que la democracia funcione, en las mejores condiciones, cuando cualquier ciudadano, sin discriminación ninguna, pueda disponer de acceso libre a los documentos administrativos o públicos o aquellos de particulares que hayan sido declarados “patrimonio nacional o histórico”. Obviamente con las limitaciones que impone la seguridad nacional y las reservas de la ley.
1. A nivel constitucional existe actualmente el llamado “derecho de petición» en interés particular o general (Art. 45 de la Constitución Política (86)) y el derecho de la libre información o ley de la prensa (Art. 42 de la Constitución Política (86)). Pero no propiamente el “Derecho de información» que significa la posibilidad que tiene todo ciudadano a acceder libremente a los archivos, a la utilización y la transferencia de la información conservada en ellos.
III. En consecuencia se propone los siguientes textos constitucionales:
2. El articula 4o. de la Constitución Política (86)quedaría así:
«El territorio colombiano, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la Nación. La ley definirá, organizará y protegerá de manera específica los llamados bienes culturales a fin de conservar la memoria y las raíces de nuestra propia identidad histórica. Son bienes culturales los bienes muebles o inmuebles, ya sean las obras de arte, libros, manuscritos y otros objetos de carácter artístico o arqueológico, y en particular los archivos públicos, las colecciones científicas y los archivos particulares que sean declarados patrimonio nacional o histórico o de interés público o general y los bienes inmuebles tales como monumentos arquitectónicos, artísticos o históricos, lugares arqueológicos, edificios de interés histórico o artístico. La Ley establecerá los mecanismos e instituciones que permitan el logro de estos objetivos con participación democrática de las organizaciones especializadas dedicadas a la defensa del patrimonio cultural nuestro.»
De otro lado se propone un nuevo artículo constitucional que diría: (Art. 45 bis) «Todo ciudadano en ejercicio tiene derecho a acceder libremente a los archivos públicos y donde se hallen y a la utilización contenida en ellos. Este derecho a la información se extenderá a los archivos particulares considerados como patrimonio nacional o histórico o de interés público o general. La única limitación a este derecho estará constituida por los archivos o documentos que exijan la reserva por razón de seguridad nacional o que hagan parte de reservas dentro de los procesos penales o a los que específicamente la ley ampare de manera especial.
La Ley definirá y organizará los archivos y los documentos oficiales y administrativos y los que presenten el interés general y dispondrá de las instituciones y los mecanismos necesarios para su conservación y difusión en beneficio de la investigación y del derecho democrático de las masas a la libre información contenida en ellos.» Constitución Política de Colombia, 1991.Los artículos: 4,8,15,20,23,27,63,70,71,72,74,94,95,112, y 313 número 9.
En marzo de 1995, en Cali, Archiblios participa en las comisiones públicas de los foros nacionales para la creación del Ministerio de Cultura. (Diario El País -8-3-95)
La ley de Archivos. Ley 594/2000. Precisamente, allí, en l986, en el «Primer Encuentro hispanoamericano de Directores de Archivos de la Administración Pública y Privada», se dio el primer grito para que se emanara una ley que reglamentará la función archivística en Colombia.
Ley, surgida para atemperarse a las disposiciones contenidas en la Constitución Política del 91. Lamentablemente en ese momento, ya se habían disuelto las asociaciones y demás organismos de archivistas, y «Archiblios», sola y disminuida, siguió dando la batalla dialéctica y crítica, porque en ningún momento en el proceso de las disposiciones legales, se tuvo cuenta con el “regimiento” de archiveros, que tanto «pujaron» y que sirvió para el desarrollo de lo que hoy florece.
2001.-Enero, no obstante los «diques» con que en la mayoría de veces las buenas ideas chocan, unas ocasiones por “celos” y otras por «incompetencias» de los funcionarios burócratas de turno, «Archiblios», avivada por la Ley 594 de 2000, se dio a la tarea de tocar, nuevamente, las puertas de la Asamblea del Valle, a favor de los archivos de la gobernación, para presentar otra propuesta hacia la creación del “Archivo General del Departamento del Valle del Cauca,» de acuerdo a la nueva ley. Antes, en marzo de l987, habíamos presentado al Gobernador de turno un «Proyecto de recuperación de fondos documentarios del Valle del Cauca,» que llevaría a la creación del Museo Histórico del Departamento, pero, como siempre este «S.O.S.» no encontró la acogida necesaria del gobierno. Igualmente, en octubre de l990, solo logramos que el Diputado Jairo Hoyos Salcedo, elevara su queja ante el pleno de la Duma, por la incineración de valiosos documentos, pero sin cualquier resultado positivo en cuanto a la organización de dicho fondo.
Esta vez, once años después, plantamos bien la semilla en la mente del ilustre diputado, Dr. Jairo Hoyos Salcedo, quien en principio vio en la creación y profesionalización de los Archivos Departamentales, que además de contribuir a preservar la memoria histórica de las regiones, un motor de desarrollo y actividad turística a favor de la cultura, que al mismos tiempo ayudaría a la lucha contra la corrupción. Autorizados por él para tal fin, nos dimos a la tarea de redactar la exposición de motivos para su presentación, sustentada en las tradiciones de la vallecaucanidad. Fue presentada y aceptado en primer debate.
Se unieron a este ideal, los Diputados Dr. Juan Carlos Narváez, Dr. Carlos Alberto Barragán, Dr. Rubiel Antonio Muñoz, y otros en los procesos de la discusión. Se nos nombró asesores como Fundación «Archiblios» para desarrollar el Proyecto de Ordenanza y presentar todo el material literario ilustrativo necesario para motivar a toda la Duma en esta materia. Se nombró como Ponente al Diputado Rubiel Antonio Muñoz; la Proposición 137 de 2001 se radicó el 22 de febrero de 2001. Siete (7) meses después fue aprobado en tercer debate por unanimidad por la Honorable la Asamblea del Valle del Cauca e incluida en el Plan General de Desarrollo después de amplia concertación para que el archivo no fuera un proyecto más que se archive. Pasó a sanción del Gobernador del Valle, Doctor German Villegas Villegas.
Pero… el 5 de Octubre 2001. (Pagina «Metro” -5- del Diario Occidente de Cali, la columna «Lo último en política»), registró para la historia de la Archivística:
«En condiciones «extrañas», tres ordenanzas debidamente aprobadas por la Asamblea Departamental, cuando iban a ser sancionadas por el Gobernador del Valle, Dr. Germán Villegas, tuvieron que ser rechazadas porque presentaban algunas inconsistencias.
Dicen en los pasillos de la Asamblea que debe haber una persona dedicada a sabotear las tres iniciativas, razón por la cual los documentos que fueron dejados a consideración del mandatario seccional, presentaban los errores que motivaron su rechazo.
Las Ordenanzas son: «por medio del cual se entrega la maquinaria del Departamento a los Municipios», «por medio del cual se crea el Archivo General del Departamento”, y «por medio del cual se adopta el Plan General de Desarrollo del Valle” Cabe destacar que las tres iniciativas no tuvieron el respaldo del anterior presidente de la Asamblea del Valle, Luís Alberto Herrera”.
Meses después, doce Diputados del Valle del Cauca, fueron secuestrados por las Farc del recinto del recinto de la Asamblea del Valle del Cauca, entre otros: Dr. Jairo Hoyos Salcedo, y el Dr. Juan Carlos Narváez Reyes, quienes generosamente habían apoyado las iniciativas de los archivistas, y yo salir al exilio. Hoy tengo que registrar, lamentablemente, que once de dichos Diputados que debatieron durante ocho meses la necesidad de la creación del Archivo General del Departamento, ya no están con nosotros.
En 1986 a llevó a cabo el «Primer Encuentro Hispanoamericano de Directores de Archivos de la Administración Pública y Privada», en el marco de la celebración de los 450 años de la ciudad de Cali, en el Gran Salón del Hotel Intercontinental de Cali, con el patrocinio de la división de papelería de Carvajal y Cia, «Norma»; de «Propal»; «Cartón Colombia»; Panadería y Pastelería “Kuty”; Gráficas «Karin.» y Editorial “Mercedes”, el estímulo y asistencia de archiveros de «Acar» y «Asebiar.» y delegaciones de l5 países.
Archivo General de la Nación