Libardo García Gallego

Columnista Invitado

Primicia Diario

De lo único que es consciente el pueblo colombiano es que su Estado es administrado por un grupo de ladrones, de corruptos, de ventajistas, para su exclusivo beneficio. Desde quienes elaboran el Presupuesto Nacional. hasta el último ejecutor del mismo. Así se diga que el erario es de todos y todas, de cada colombiano y colombiana, éste no lo disfrutan sino los más encopetados funcionarios del Estado, sus familiares y amigos. El Estado colombiano es propiedad de ciertas castas, de unas cuantas familias déspotas que lo van transfiriendo ad infinitum de padres a hijos, cual si se tratase de una finca.

Nadie ignora que aquí la «justicia es para los de ruana», aunque esta prenda ya ni se use, digamos que es para los pendejos, para quienes no tienen relación con los jueces y magistrados o carecen del dinero suficiente para comprarles sus fallos políticos arbitrarios.

Desde hace 70 años venimos padeciendo una violencia sin tregua: primero nos matábamos por el color de unos trapos, nadie sabía cuál era la verdadera diferencia entre un godo y un cachiporro, a no ser por la hora de entrar a misa.

 Después vino la lucha por la tierra, de la cual nunca hemos salido y quizás nunca saldremos, pues siempre habrá terratenientes y empresarios agrícolas  interesados en acaparar miles de Has., arrebatándoselas a los pequeños parceleros agrícolas que escasamente poseen una chagrita para su subsistencia.

 Ni siquiera hemos llegado a enfrentarnos por el modelo de desarrollo socio económico y político, pues cuando empezábamos a hacerlo se derrumbaron intempestivamente los modelos inspiradores más notables.

Una cosa es la cháchara que se agita a través de los medios y otra muy distinta es la realidad. Nos dicen que en Colombia disfrutamos de un Estado social de derecho que ni siquiera es social, mucho menos de derecho. Y si no ¿Cómo se garantiza a los indígenas el derecho a una vida digna cuando sus hijos mueren de hambre?, ¿Cómo se garantiza el derecho al trabajo cuando el 10% de la PEA está desocupada y un 40% carece de empleo formal?

Todo esto sin contar la población que está en situación de pobreza y de miseria, es decir viviendo con $6.000,oo o $3.000,oo diarios. ¿A esto se le puede llamar un estado de derecho? ¿Cómo se garantiza en Colombia el derecho a la libertad de opinión cuando miles de quienes piensan distinto a clase gobernante han sido asesinados o están en las cárceles? Y esto para no repetir la tragedia cotidiana por la falta de salud digna y por la precariedad de la educación.

Estamos en período electoral y qué vemos? Los mismos vicios, los mismos delitos electorales, la misma mendicidad y las mismas promesas, el mismo mercado de conciencias. Los gamonales de siempre se quedan con la torta gubernamental porque el pueblo ignorante es incapaz de encontrar alternativas dignas y se entrega incauto en manos de los mismos detentadores del poder.

Mientras la gente ignore por qué es pobre, por qué existe la desigualdad social y cómo construir un Estado igualitario, mientras no supere los fanatismos y prejuicios religiosos, mientras carezca de voluntad para cambiar esta situación adversa; mientras no haya educadores ilustrados que capaciten a sus alumnos en estos temas, mientras no sepamos diferenciar objetivamente, sin nacionalismos sesgados, a Colombia de Venezuela, vamos a seguir así por largo tiempo. Una desgracia real. Sin la ciencia de por medio es imposible cambiar para mejorar.