La Entidad, adscrita al Ministerio Público expresa su solidaridad con el Canal City Tv y con los demás medios de comunicación, y recuerda que así como expresó su indignación y solicitó judicializar a quien protagonizó el ataque contra un funcionario de la Institución durante las protestas del paro camionero.

La Defensoría del Pueblo expresó su más enérgico rechazo frente al episodio de agresión protagonizado por uniformados de la Policía Nacional contra un equipo periodístico del canal City Tv  durante el cubrimiento de la ciclovía nocturna en la capital de la República.

El organismo de control considera que aunque es necesario que haya claridad respecto a las circunstancias que rodearon este infortunado incidente, nada justifica una reacción de esa naturaleza y por lo tanto pide sanciones inmediatas para los responsables.

La Defensoría valora el pronunciamiento hecho por el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Hoover Penilla, y estima que si bien las disculpas ofrecidas por el oficial a la sociedad y a la prensa son necesarias y oportunas, resulta indispensable tomar medidas ejemplarizantes para que estos hechos no vuelvan a repetirse.

La Entidad, adscrita al Ministerio Público expresa su solidaridad con el Canal City Tv y con los demás medios de comunicación, y recuerda que así como expresó su indignación y solicitó judicializar a quien protagonizó el ataque contra un funcionario de la Institución durante las protestas del paro camionero el pasado 20 de Julio, también está convencida de que es ineludible actuar en consecuencia y con apego a la ley en este caso, máxime cuando la única manera de legitimar el principio de autoridad es a través del respeto por los ciudadanos.

Tal como lo establece su misión constitucional, la Defensoría del Pueblo insistirá en su deber de magistratura moral para la promoción y divulgación de los derechos humanos, y en este sentido exhortará a la Policía Nacional para que fortalezca los procesos de formación de los uniformados y se enfatice el conocimiento, pero por sobre todo la aplicación de las normas que garantizan la protección de esos derechos fundamentales.