Los últimos meses han producido tres noticias que generan alerta e incertidumbre. Sin embargo, no se ha conectado la causalidad que hay entre ellas. Me refiero a las alarmas sobre el fenómeno del niño con las que comenzó el 2016, la tragedia de las víctimas en las comunidades Wayúu por la falta de agua en la Guajira y, el reciente fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la actividad minera en los páramos de Colombia.

Las tres, se conectan en una situación de crisis que ha sido provocada por el silencio del Gobierno Nacional frente a la apropiación invasiva de nuestros recursos naturales. Este desbalance entre protección del medio ambiente y ganancia financiera, necesita un cambio. Recordemos que el nuevo año comenzó con alarmas sobre el largo periodo de sequía que afecta al país.

Esta situación tocó de manera especial a los indígenas Wayúu,  que sufrieron la muerte de personas y animales por la falta de agua en la región y por las altas temperaturas que vive el departamento. En concreto, nada se habría hecho para mitigar la situación. Recientemente, el silencio se rompió  por un fallo de la Corte Constitucional que decidió tumbar la norma que permitía a las concesiones mineras en Colombia, operar en los páramos. La decisión de proteger estas zonas del país, constituye un primer avance en la resolución de la crisis.

Los páramos, aunque  solamente ocupan el 3 por ciento de nuestro territorio, proporcionan el 70 por ciento del agua que necesitamos los colombianos. Nuestros páramos constituyen el 50 por ciento de los existentes en el planeta. Así como son de importantes para cubrir las necesidades de vida humana, son frágiles y susceptibles al deterioro. Esto, principalmente por actividades extractivas mineras y de hidrocarburos, especialmente las criminales.

Sin embargo, nos siguen diciendo  que la sequía del país es consecuencia únicamente del  fenómeno del Niño y del cambio climático. Hay que reconocer las causas profundas que nos han llevado a esta situación: por ejemplo, permitir  la contaminación sin límites y el despojo de nuestras  principales fuentes de agua, por parte de la minería criminal, la industria minera y de hidrocarburos. Es urgente una regulación estricta de nuestros recursos naturales bajo principios que no solo busquen la ganancia del sector extractivo,  sino que garanticen las necesidades concretas de agua y alimento de nuestros pueblos. A la Corte Constitucional debe seguirle una nueva política pública regulatoria. No más silencio.