Han sido capturados, privado de la libertad con medida de aseguramiento en centros de reclusión o domiciliaria 15 jueces y 16 fiscales. Del mismo modo, más de cien personas, entre abogados, funcionarios y particulares que desarrollan actividades corruptas.

Cohecho en todas sus modalidades, concierto para delinquir, prevaricato y concusión fueron los delitos que la Fiscalía General de la Nación imputó a dos jueces, dos funcionarios de juzgado y dos abogados por una presunta actuación ilícita en al menos seis procesos de remate de inmuebles en procesos ejecutivos.

La determinación judicial fue realizada por el Eje Temático contra la Corrupción de Justicia. El grupo se dedicaba a engañar a personas incautas haciéndoles creer que podían comprar viviendas económicas con falsos remates que surgían de embargos que no habían cumplido todo el proceso para llegar a esa etapa. Por estos hechos habrían obtenido ganancias por al menos 3.000 millones de pesos.

El mecanismo utilizado era aliarse para trabajar durante los remates celebrados en el estrado judicial haciendo que el postor pagara más del 70 por ciento del valor exigido en cada una de estas diligencias. Posteriormente, el valor excedido de ese porcentaje era repartido en un 50 por ciento para el juez y su subalterno y el restante para quien había logrado subir la puja.

De esta forma, se profirieron decisiones contrarias a derecho para cumplir con el remate previamente acordado. En la acción fueron capturados un juez de tierras de Cúcuta y un juez civil municipal del municipio de Los Patios.

Orlando Ospitia, director de Fiscalías Nacionales, explicó que «no es la primera situación que se presenta. Tenemos ya varios precedentes, entre ellos Barranquilla, Lorica (Córdoba), otras situaciones en Popayán (Cauca), ahora estamos conociendo esta situación en Cúcuta (Norte de Santander) y son casos de corrupción en la administración de justicia verdaderamente preocupantes».

Ospitia explicó que la Fiscalía ha mostrado en los dos últimos años resultados muy positivos en relación con estas situaciones de corrupción en la administración de justicia. En este momento han sido capturados, privado de la libertad con medida de aseguramiento en centros de reclusión o domiciliaria 15 jueces y 16 fiscales. Del mismo modo, más de cien personas, entre abogados, funcionarios y particulares que desarrollan actividades en torno a los temas procesales de una u otra naturaleza están vinculados judicialmente a procesos.