El Consejo de Estado ordenó a la Procuraduría General de la nación indemnizar a la ex senadora Piedad Córdoba por haberle destituido del cargo con pruebas ilegales. Los abogados de la dirigente liberal, exigirán una suma superior a los dos mil millones de pesos. Entre tanto la Procuraduría tendrá que repetir contra el titular de ese despacho Alejandro Ordóñez, como responsable del hecho.