Pablo Emilo Escobar Gaviria, a sangre y fuego se tomó la justicia en su época. Ahora la justicia también se encuentra secuestrada por la corrupción y los narcos que ejercen el paramilitarismo y cuentan con una buena cantidad de congresistas, empresarios y lideres del país.

De amores y odios, así se podría decir que fue la historia de la justicia sin rostro en Colombia
Los defensores de esta figura aseguran que gracias a ella fue posible la desarticulación de poderosas bandas del narcotráfico como los carteles de Medellín y de Cali, y el encarcelamiento de varios de sus líderes como los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; que también permitió conocer la verdad del proceso 8,000, cuando se supo de la infiltración de dineros de la mafia en la campaña del entonces candidato a la presidencia Ernesto Samper; lo mismo que para desenmascarar gran parte del fenómeno paramilitar
Sus opositores, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), consideran que la figura fue un fracaso porque no disminuyó los niveles de impunidad y permitió serias irregularidades como detenciones injustificadas, clonación de testigos, violación al debido proceso y extralimitaciones de funcionarios judiciales, entre otros Aunque fue creada para juzgar a terroristas y criminales de alta peligrosidad, terminó atendiendo delitos comunes
La justicia sin rostro se implementó en Colombia en 1991 bajo el amparo del Estado de Sitio, durante la presidencia de César Gaviria, y funcionó por nueve años La identidad de los jueces y de los testigos se mantenía en secreto Los funcionarios judiciales se movilizaban en carros blindados, de vidrios polarizados; sus voces eran distorsionadas y las audiencias se llevaban a cabo en una especie de búnkeres Su fin, en el año 2000, obedeció a una decisión de la Corte Constitucional, basada en la violación al debido proceso.

La justicia sin rostro fue una medida que se tomó para enfrentar la arremetida del narcoterrorismo que, entre 1979 y 1991, cobró la vida de 290 funcionarios judiciales «Nació ante la preocupación por la seguridad de los jueces, fiscales y testigos En ese entonces ni los jueces se atrevían a juzgar, ni los fiscales a investigar, ni los testigos a declarar por temor a que les hicieran algo», aseguró en entrevista con Apro el exprocurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta
Una de las víctimas más recordadas es el juez del Tribunal Constitucional de Bogotá, Tulio Manuel Castro Gil, quien llevaba el caso del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido en abril de 1984
El juez Castro Gil, quien había incriminado al entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y ordenado la apertura de una investigación contra el Clan Ochoa (los hermanos Fabio y Jorge Luis) y el capo Gonzalo Rodríguez Gacha como coautores del asesinato de Lara Bonilla, fue alcanzado por las balas de sicarios de la mafia el 23 de julio de 1985, cuando se dirigía hacia su casa en un taxi
En un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado en 1994, la OEA asegura «la existencia de jueces sin rostro y de procedimientos secretos para la presentación y deposición de testigos, ofrecimiento, y actuación de pruebas y pericias, contradice los postulados de la Convención Americana En Colombia debe superarse cualquier modalidad de justicia secreta para favorecer en general el fortalecimiento de la administración de justicia y en particular, de las garantías fundamentales»
Según Arrieta, «la OEA era crítica porque estaba defendiendo el derecho de conocer a quien juzga y a rebatir a quien acusa Si bien es cierto que el proceso penal es reservado para el público, no puede ser reservado para los participantes en él Tradicionalmente, desde que nació el derecho penal, el sindicado siempre ha tenido el derecho a saber quién lo está juzgando y quién lo está acusando En este caso en particular se estaba desconociendo este principio En la medida en que se estaba rompiendo un paradigma tan sagrado del derecho, mucha gente cuestionó la figura»
«Pero en ese momento el país vivía con temor y le tocaba tomar ese tipo de medidas Creo que funcionó, cumplió su cometido Tuvo infinidad de problemas y no los desconozco Muy seguramente se cometieron abusos y excesos pero sería la excepción, no la regla general», agregó

Esta película Docu/ ficción, nos cuenta la vida de Julieta Sáenz de Gutiérrez, la Magistrada que creo la figura del Juez sin rostro en Colombia. Una mujer guerrera y visionaria, quien a finales de los ochenta y desde el magisterio, tuvo la osadía de crear la Corte de Orden Público, un organismo especializado en combatir el Narcotráfico y la delincuencia en las altas esferas del poder. Julieta Sáenz, abogada del Externado, madre y defensora al tiempo de los derechos de la mujer, tuvo en su momento que tomar decisiones cruciales en pro del país, decisiones que, colateralmente, la llevaron a enfrentarse esos hilos invisibles que todo lo mueve, poderes hegemónicos como la guerrilla, el paramilitarismo y la figura del narco, en todo su esplendor. En este trabajo, biográfico e histórico, contaremos cómo y de qué manera esta capitalina y soñadora, siendo magistrada y mujer, logró luchar contra fuerzas descomunales, en un momento histórico y único, un momento en que el país necesitó ocultarse el rostro, para poder actuar y sobrevivir.