Existen denuncias sobre el saboteo a la JEP, para evitar que se conozca la verdad de los crímenes de lesa humanidad y de paso la responsabilidad de los autores intelectuales.
El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, teme que los cambios legislativos en la JEP afecten las investigaciones contra los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Dijo, que les preocupa «si las disposiciones legislativas que regulan los procedimientos diseñados para abordar conductas crímenes ante la CPI pudiesen resultar en retrasos en la rendición de cuentas de los responsables, restricciones en el alcance y la miniciodad de las investigaciones de crímenes complejos y en general de poner en duda la autenticidad de los procesos».
Señaló que confían en que las medidas de justicia transicional resultaran eficaces para juzgar los crímenes de lesa humanidad y que pidió que los dejen trabajar.
«Si tenemos algún mensaje para transmitir en esta ocasión en la CPI es este: permitan a los magistrados de la JEP hagan su trabajo, apóyenlos en todos los aspectos necesarios la paz con justicia y con rendición de cuentas es la manera más efectiva», dijo.
Algunos juristas indican que hay intereses de los responsables intelectuales de los crímenes de lesa humanidad por alterar el funcionamiento de la JEP, que permitirá conocer la verdad del conflicto que Colombia vivió por muchos años.
La Corte Penal Internacional tendría por lo menos 5 posibles casos de asesinatos extrajudiciales cometidos entre los años 2002 al 2010, por miembros de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a once brigadas diferentes, que darían inicio a las investigaciones.
Existen denuncias sobre el saboteo a la JEP, para evitar que se conozca la verdad de los crímenes de lesa humanidad y de paso la responsabilidad de los autores intelectuales.