La maquina tapahuecos presentada con bombos y platillos por el alcalde Petro, origina la primera condenada de cárcel para Maria Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial.
En el 2013 el Distrito celebró un contrato con la empresa Green Patcher S. A. S. por 1.600 millones de pesos, con el objetivo de reparchear los tramos averiados de diferentes vías de Bogotá.
Las críticas que recibió ese contrato más tarde se expresaron en términos legales, pues se cuestionó el hecho de que la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial hubiera adjudicado de manera directa el millonario contrato, aunque el Distrito se defendió indicando que se trataba de un convenio de ciencia y tecnología y que por eso se había celebrado de esa manera.
Los argumentos y las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre irregularidades en la contratación de una máquina tapahuecos para Bogotá, fueron respaldadas por el juez 8° Penal de Conocimiento de Bogotá, quien impuso condena de seis años y ocho meses de prisión para Maria Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial (UAEMV).
Según la investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la irregularidad se presentó porque el contrato N° 638 del 27 de diciembre de 2013, modificado mediante un otrosí del 14 de febrero de 2014, se habría camuflado a un contrato de ciencia y tecnología, cuando su objeto real era de obra para el mantenimiento de la malla vial. De ésta forma, no se cumplieron los requisitos de ley porque, para esa modalidad, debió haberse realizado una licitación pública.
Por estos hechos, la entonces directora de UAEMV fue sentenciada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y deberá cumplir la pena en centro carcelario, por lo que el juez ordenó su captura inmediata. Adicionalmente, le fue impuesta una multa de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no podrá ejercer funciones públicas durante 100 meses.
El 15 de noviembre del año en curso, la Fiscalía acusará formalmente a los dos contratistas de la máquina tapahuecos, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Mientras tanto absoluto silencio guarda el exalcalde Petro y su movimiento Bogotá Humana.