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Cárceles de Colombia: CRÓNICA DE UN GENOCIDIO ANUNCIADO

Como pólvora se viene regando el contagio del coronavirus en las cárceles colombianas.

 

 

 

 

Javier Sanchez

Organizaciones de derechos humanos llamaron la atención de la comunidad internacional al responsabilizar al gobierno nacional de la muerte de numerosas personas que se encuentran en las cárceles víctimas de la COVID-19. El llamado se hizo cuando se ha comprobado que el contagio está llegando a la mayoría de planteles de reclusión.
Expresaron que el decreto 546 fue un saludo a la bandera cuando buena parte de los reclusos esperaban que se les cambiara su detención de cárceles a casa por cárcel, pero la medida fue inocua, según el concepto de importantes abogados penalistas.
En sus denuncias hicieron un recuento de las protestas de los internos de los centros carcelarios reclamando una adecuada atención para evitar el contagio del coronavirus, pero en esa oportunidad recibieron una violenta represalia donde fueron muertos 23 internos a manos de las autoridades judiciales y de policía.
La Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había solicitado al  gobierno colombiano  que, con el fin de frenar la pandemia de coronavirus, se tomaran medidas para proteger la salud y la seguridad de las personas que están recluidas en centros carcelarios.

Bachelet anunció que la enfermedad había  empezado a propagarse en las prisiones en  centros de detención de migrantes, en hospitales psiquiátricos y otros lugares en los que las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

En Colombia las cárceles registran una hacinamiento que puede llegar hasta el 70 por ciento.

CORONAVIRUS EN LAS CÁRCELES 

Como pólvora se viene regando el contagio del coronavirus en las cárceles colombianas. En Villavicencio según los organismos de derechos humanos empezó la pandemia con más de trescientos  internos están plenamente identificados como portadores de la COVID-19  y están a la espera que el gobierno autorice la realización de las pruebas del coronavirus a 100 reclusos más que tienen síntomas del virus.

Posteriormente se regó por cada uno de las cárceles, con la indiferencia gubernamental. La solución del gobierno nacional fue pasarle esa responsabilidad a los municipios donde no se cuentan con los recursos económicos para atender la emergencia.

Empezó en  Villavicencio la cárcel donde tuvo el mayor número de contagiados del virus, luegos siguieron una por una. El contigo fue masivo

La cárcel de Villavicencio, dos en la cárcel La Picota, en Bogotá, y uno más en la cárcel Las Heliconias, en Florencia, Caquetá, La cárcel de Guaduas, Cundinamarca,en 20 cárceles se comprobó la presencia del virus.

En las cárceles de mujeres también se registró el contagio. En el Buen Pastor de Bogotá varias internas fueron hospitalizadas por cuanto duraron hasta dos semanas soportando los dolores que ocasiona el virus.

Desde el INPEC se anunció  establecer una mesa de trabajo con los directores de los establecimientos carcelarios para priorizar las necesidades de las personas privadas de la libertad en medio de la pandemia, invitando  a los mandatarios locales y departamentales a «asumir acciones reales»denunciando que el Consorcio de la USPEC está incumpliendo su trabajo además de que no hay suficientes recursos para adquirir elementos de bioseguridad y aseo.

Los familiares de los reclusos de diversas cárceles anunciaron que desarrollarán actividades protesta para exigir del gobierno nacional una atención como humanos que son quienes están privados de la libertad.  La Defensoría del Pueblo ha brillado por su ausencia, indicaron algunos familiares que elevaron sus protestas ante organismos defensores de los derechos humanos.

Algunos abogados defensores de los reclusos preparan denuncias contra el Estado por la falta de atención de los reclusos y su eminente peligro de perder la vida contagiados por el coronavirus.

Por la presión  de los reclusos, familiares de los internos de las cárceles y organismos defensores de derechos humanos las autoridades iniciaron la desinfección de algunos centros de reclusión.