Contratos por más de 191.000 millones de pesos están bajo la lupa de la Procuraduría, que comenzó una vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con entidades del orden nacional y territorial. «Más grave que los huracanes ETA y Iota es el huracán de la corrupción en San Andrés», denunció el procurador Fernando Carrillo Flórez.