Carlos Alberto Leal Niño
presidente JD de Acipet
La competitividad está definida, según el Foro Económico Mundial, como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el grado de productividad de un país, y uno de los «potenciadores de eficiencia» incluye la capacitación, la educación superior, la preparación tecnológica e innovación, que mide qué tan bien las naciones están preparadas para la transición a economías basadas en conocimientos y generación de productos transformados.
Colombia ocupa el puesto 67 entre 129 países y el sexto lugar en América Latina, de acuerdo con el índice Mundial de Innovación, que clasifica el desempeño en materia de innovación, donde la estabilidad política en las instituciones es una de las debilidades del país, y dentro de las fortalezas se destacan la sostenibilidad ecológica.
Parte de la solución al tema institucional la constituyen la creación, aunque tardía, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y las iniciativas como Innpulsa; en donde el lunar lo representa la poca estabilidad institucional de Colciencias, que ha tenido ocho directores en los últimos nueve años.
El país pasa por una pobre gestión de los recursos disponibles para generar desarrollos tecnológicos debido a la escasa vigilancia, lo cual termina en la no ejecución o destinación inadecuada de los recursos. Actualmente el 10% de los 24.2 billones de los ingresos del Sistema General de Regalías están destinados a Ciencia y Tecnología (C & T).
A pesar de que el presupuesto de regalías destinado a C&T no es menor, la inversión del país es baja con respecto a referentes internacionales con solo el 0,61% del PIB, mientras que el promedio de inversión en los países miembros de la OCDE está alrededor del 4% del PIB. El país como miembro de esta Organización está muy atrasado, teniendo en cuenta que la meta del Gobierno al 2022 es llegar al 1,5% del PIB.
En aras de incentivar la apropiación del ecosistema innovador, es pertinente plantear la idea de «C&T por regalías», con una metodología similar a la de obras por impuestos, en donde el giro de los recursos lo harían las compañías operadoras y/o de servicios del sector, para el desarrollo de proyectos que den respuestas a necesidades específicas de la industria, y que articulados con los entes de investigación y los emprendedores locales permitan la generación de soluciones tangibles a cada problemática.
Con esta nueva modalidad de ejecución de los recursos se podrá asegurar que estos sean bien invertidos en C&T, lo que va a permitir que las compañías aporten a través de su experiencia y la transferencia tecnológica, para la ejecución de proyectos que le representen al país la apertura de un nicho de producción de bienes y servicios especializados, contribuyendo a la diversificación del portafolio generador de recursos para los colombianos.
Esta iniciativa permitiría que el país acelerará su plan de cumplimiento de metas, para ser competitivo a nivel de la OCDE, enfocando la transición de la dependencia tecnológica extranjera por tecnología made in Colombia. Esta tarea del Gobierno lograría la sinergia entre la academia y el sector energético, buscando garantizar una transferencia efectiva de tecnología y conocimiento, para consolidar un sector productivo más innovador y competitivo en el país.