Ante la vista del libertador Simón Bolívar el nuevo Palacio de justicia después de haberse incendiado totalmente en la retoma del mismo.

 

 

 

Hernán Alejandro Olano García

 

El 6 y 7 de noviembre de 1985, con la financiación del narcotraficante Pablo Escobar, un comando del grupo guerrillero M-19 asaltó el Palacio de Justicia, secuestrando (ahora dirían «reteniendo indebidamente») a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El Palacio de Justicia era el sitio ideal para pasear por quienes estudiábamos derecho y soñábamos -soñamos- con estar allí.

En ese momento, el comando del M-19 cometió una infracción del Derecho Internacional Humanitario – DIH, con la utilización de «escudos humanos» y contaba con bombas Claymore y acumulativas, construidas a partir de aquellas. El resultado: 98 muertos y un grupo indeterminado aún, de desaparecidos.Ya desde 1984, con mi amigo Gonzalo Suárez Beltrán, habíamos ingresado al Palacio de Justicia un sábado de noviembre, cuando presentamos nuestro examen de admisión en el Rosario. Gonzalo, leyendo la cartelera del primer piso con los nombres de los magistrados, dijo: «Algún día nuestros nombres estarán aquí».

Debido a eso, yo, que comencé en 1985 mis estudios, frecuentaba el Palacio de Justicia, dejaba mi tarjeta de identidad en una cajita donde en un escritorio para máquina de escribir, un policía entregaba los gafetes de identificación, que le permitían a este osado visitante recorrer las altas cortes a sus anchas, e incluso, desde la puerta de cada despacho, que permanecían abiertas, saludar a cualquiera de los magistrados, aún sin conocerlos, con un «¿Doctor cómo está?», «bien chino», contestaban.Lo cierto es que el 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia amaneció sin protección policial y sólo contaba con mínima vigilancia privada, conformada por no más de seis empleados de la empresa de seguridad.

Estaba yo ese día seis en clase de Historia Constitucional con el doctor Luis Córdoba Mariño; pocos de los sesenta estudiantes de primer año de Jurisprudencia entrábamos a clase, que estaba fijada en el horario de diez a doce del día; creo que no pasábamos de seis, solo recuerdo en clase a: Enrique Vargas Lleras, Diana Salazar, Carmen Giovanna Restrepo, Carlos Fradique Méndez y yo. El doctor Córdoba Mariño, con entusiasmo, pero voz pausada, relataba los episodios que habían rodeado la expedición de la Carta de 1863, cuando empezamos a oír a algunos de nuestros compañeros al exterior del Aula Mutis, diciendo: «salgan, salgan, que se tomaron el Palacio de Justicia».

Ya había gran revuelo en la plazoleta interna y el claustro estaba contrariado, porque algunos de los profesores, magistrados de la Corte y del Consejo de Estado, no habían llegado a dictar clase, -no llegaron nunca más-.En medio de la conmoción, salí imprudentemente hasta la calle doce con carrera séptima.

Ya había un gran número de curiosos, como yo, ubicados tras un tanque cascabel en esa esquina, viendo cómo se cruzaban ráfagas interminables de disparos desde el interior del Palacio, a las que se les daba respuesta desde el restaurante de Colsubsidio que se ubicaba en el segundo piso del edificio «Banco Comercial Antioqueño».

Nada me hacía presagiar un buen desenlace; sin embargo, permanecí allí más de 45 minutos. De un momento a otro, dieron la orden al tanque de moverse y apuntar la mira de su cañón hacia quienes estábamos allí. Inmediatamente, soldados y policías antimotines aparecieron corriendo desde la Plaza de Bolívar en actitud combativa para dispersar a la gente, con el propósito de evacuar la carrera séptima y cerrar el paso desde la Avenida Jiménez.

No había estado, ni he estado nunca en un avalancha como ésta: Las persianas metálicas de cada uno de los almacenes bajaban ruidosamente y, con mucha rapidez docenas de personas, se lanzaban al suelo y acostados haciendo rollitos entraban acostados rodando a los almacenes: yo seguí corriendo, llegué hasta la pastelería La Florida, donde frecuentaba ir invitado por mi tía Ana Teresa que trabajaba al frente en el IDU. No sabía qué hacer, tenía dieciséis años, era un muchachito de Tunja que presenciaba lo más cercano a una repetición del nueve de abril; seguí caminando para buscar una buseta de «Expreso del País» que me llevara a la casa de mi abuelo paterno, donde yo vivía. Caminé hasta la 47 con séptima; ya había llorado de la angustia.

Llegué a la casa y estaba mi tía Fanny, con quien nos dedicamos a escuchar Caracol. Todavía tengo presentes muchos episodios y la voz del periodista judicial Guillermo Franco Fonseca –ese que se había empelotado en 1980 frente a la Embajada de la República Dominicana durante la toma del M-19 para poder hacer una entrevista y vieran que no llevaba armas-.

Fueron horas de angustia, la explosión del proyectil contra el frontispicio de la Corte, donde aparece aún la frase de Santander: «Colombianos: Si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad», aún retumba en mi mente.

Ese boquete serviría para sacar el humo que anunciaba el infierno que se estaba viviendo dentro del recinto.En algún momento de la transmisión, Guillermo Franco dijo: Yamid, salió Almarales. Ahí mismo Yamid Amat comenzó a decir «salió Almarales, salió Almarales», el jefe del Comando Guerrillero que había realizado la toma.

Hubo una interrupción en la transmisión: «No salió, no salió», dijo el periodista. Algunos aún dicen que sí. Lo cierto es que muchos confiaron siempre en una situación mejor para el País y murieron con ese sueño en el corazón.A la 1:15 p.m., sin embargo, la constancia agregada al acta de la reunión del Consejo de Ministros, registra que el Director de Inravisión solicitó autorización para transmitir en directo los hechos.

Noemí Sanín, Ministra de Comunicaciones, «convino con el Director de Inravisión no autorizar cambio en la programación por las repercusiones de orden público que podía conllevar una transmisión cuando no había claridad sobre lo que estaba ocurriendo. El público estaba suficientemente enterado por la radio. Quizás más tarde se podrían aprovechar las grabaciones ya sobre los hechos establecidos».

Después de deliberar ampliamente sobre la conveniencia o inconveniencia de establecer censura a la radio o a la televisión, la Ministra de Comunicaciones se comunicó por teléfono y télex con los responsables de las cadenas y emisoras radiales y de los noticieros de televisión y les hizo presentes las prohibiciones legales de transmitir noticias relacionadas con los operativos militares, y les notificó que no podían transmitir los comunicados de los subversivos, como lo habían pedido ellos en su manifiesto, ni podían tampoco transmitir al público entrevistas desde el interior del Palacio de Justicia, pues dentro de él estaban los delincuentes

El periodista Juan Gossaín recibió el 6 de noviembre, sobre las 5:00 p.m., una llamada de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien le dijo que él sabía que en el exterior escuchaban su programa y lo estaban retransmitiendo, que le pedía el favor de salir del aire, ya que le está haciendo daño el país. Él expresó que no lo haría, y la Ministra le dijo que estaba violando la ley, ante lo cual Gossaín le pidió que le dijera qué ley estaba violando.Hacia las 6:00 o 7:00 p.m., Yamid Amat recibió la llamada de la ministra Sanín, quien le ordenó interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aunque no había resolución, era una orden. Él dijo que lo haría si los demás medios lo hacían. Ella le replicó que si no interrumpió, le ordenaba al Ejército que se tomara la emisora y apagara los transmisores, y le ordenó transmitir un partido de fútbol.

No les permitieron emitir siquiera boletines. La consideró Yamid Amat como una implacable imposición de censura. La Ministra le dijo tiempo después que esa era «la única manera de salvar la democracia».«La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte… Los medios de comunicación eran en ese momento los ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el Gobierno, cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando», concluyó Yamid Amat. En entrevista con la Comisión de la Verdad, sin embargo, la ex ministra Sanín negó categóricamente la versión anterior».

Lo cierto es que, según Deas, «la extraordinaria toma del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá por el M-19 no se trató en modo alguno de una toma pacífica, ni siquiera en su inicio –el movimiento invadió el lugar con un arsenal considerable y mató a varios guardias de seguridad para entrar-, y el episodio terminó en un asalto militar a gran escala, con el desplazamiento de tanques y la muerte de muchos miembros de la Corte Suprema de Justicia, de empleados del lugar y de casi todos los asaltantes”Lo curioso, es que Belisario Betancur, en febrero de 2017 le dijo al periodista Gabriel Ortiz, Director Ejecutivo del Premio Nacional de Periodismo del CPB, lo siguiente sobre el tema en cuestión, la libertad de expresión:«Siempre fue mi presea fundamental la actividad enaltecedora de periodista. Y mi filosofía en tal calidad, fue siempre la de que prefería una prensa libre y creadora aunque tuviera desbordamientos, que una prensa censurada, la cual no cabía en mis ejercicios profesionales en ningún caso”. Y agregó: «Sé que esa es la insignia de ustedes, sé que ese es su escudo. Sé que esa es su filosofía, que nos enorgullece a todos los colombianos».

Si bien, sus palabras eran claras, no fueron las que orientaron a su ministra en 1985, pero, en 2017 resaltan que Belisario fue un visionario, cuya inquebrantable voluntad para alcanzar la paz durante su administración fracasó en el diálogo y la reconciliación, reemplazados por la acción bélica durante décadas.Aún en 2020, más de tres décadas después, la situación sigue sin resolverse; el general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en noviembre de 2014 a 35 años de prisión por su presunta responsabilidad en el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia, así como la desaparición de varias personas, habiéndose recuperado en 2015 los cadáveres de Cristina del Pilar guarín, cajera de la cafetería del Palacio; Lucy Amparo Oviedo, empleada de la cafetería; y Luz Mary Portela, una visitante ocasional que iba al despacho del magistrado Reyes Echandía.Al día siguiente, el presidente Betancur se dirigió a los colombianos por radio y televisión, cuyos apartes seleccionados, dicen:«Este ataque contra la institución suprema de nuestra justicia; la quema de parte de sus archivos, entre ellos sobre el narcotráfico, el incalificable crimen contra pulquérrimos magistrados que antes que nada son jueces serenos e imparciales y justos; contra una Corte Suprema libre, libérrima y tan independiente que inclusive echa atrás decisiones del Gobierno, como ha sucedido más de una vez, este acto solo se explica por una perturbación de la mente, por una perturbación de espíritus a los cuales esperaba que les llegara la reflexión.

Y la seguridad de que –como ayer mismo lo manifestamos a los propios dirigentes guerrilleros a través del señor presidente de la Corte, al inolvidable magistrado Alfonso Reyes Echandía, y del director de la Policía Nacional- les ofrecemos juicios y jueces imparciales y serenos que, bajo la garantía de la Corte y de sus magistrados, tomarían decisiones objetivas y ecuánimes.(…)Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República que, para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar.

En desarrollo de este concepto, repito que insistí hasta el último momento en que los guerrilleros cesarán su acción bajo la promesa de que sus vidas serían respetadas y de que se les haría un juicio con todas las garantías que ofrece nuestro Estado de derecho.Los hechos de ayer y de hoy han sido obra de la irreflexión de gentes a quienes no ha bastado la generosidad expresada a través de actos del Congreso y del Gobierno; y que no supieron entender el proceso de paz como gesto magnánimo del Estado, sino como muestra de debilidad.

En la situación que hemos vivido ayer y hoy, el Presidente de la República, para hacer honor al juramento prestado, tenía que defender las instituciones patrias y acudir a los instrumentos de tutela de la soberanía que la misma Constitución pone en sus manos.Nada ha sido tan preciado para el gobierno como la vida de todos nuestros compatriotas, sin distingo alguno de clases, credos, o posiciones políticas. Pues bien, las decisiones que el Gobierno ha tenido el deber de tomar en este delicado trayecto histórico, no han  tenido otra mira que ese interés nacional.

Por ello, ahora es más necesario que nunca que todo el pueblo colombiano respalde con su comprensión, con su prudencia, con su objetividad, las medidas que el bien común aconseje”Lo cierto es que Betancur «no estaba en una posición fuerte antes del incidente –se pensaba que había hecho demasiadas concesiones a la guerrilla, a las que esta había respondido con mala fe- y tampoco después de la toma». Luego, en 2015, con ocasión de la conmemoración de los treinta años de ese doloroso insuceso, Belisario Betancur pidió perdón por los errores en la retoma del Palacio de Justicia, en los siguientes términos:«Si errores cometí pido perdón a mis compatriotas por esos errores que nunca fueron nada distinto de mi búsqueda de la paz que el presidente Santos está buscando con ansiedad para todos los colombianos (…) Muchas lágrimas resbalan en mi añoso rostro, porque el llanto ha inundado las regiones del alma».Años después, el presidente Juan Manuel Santos Calderón, en cumplimiento de una orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por estos hechos, se reunió con las víctimas y sobrevivientes en la plazoleta del nuevo Palacio para en nombre del Estado pedir perdón.

Los primeros en llegar al palacio fueron agentes secretos y unidades de la policía. Momento de la salida de ocupantes del Palacio de Justicia quedando en manos del ejército nacional. Varios de ellos desaparecieron y otros fueron identificados con sus restos. 

Ocupantes del palacio en su mayoría trabajadores fueron sacados heridos. La casa Museo del 20 de julio fue utilizada por el General Edilberto Sánchez, jefe del B-2, para coordinar operaciones de retoma del Palacio de Justicia. Además el Museo fue el lugar a donde el ejército llevó muchos de los sobrevivientes de la toma, muchos de ellos nunca llegaron a sus casas.

 

Toma del palacio de justicia, 1985