Los corruptos se aprovechan de todas las situaciones porque estos criminales se han incrustado en todos los poderes de Colombia, ejecutivo, legislativo, judicial, en las religiones, las organizaciones lícitas e ilícitas. Los corruptos que sean encontrados culpables por la autoridad competente de apoderarse de los recursos que requieren los más humildes de colombia son unos ¡Miserables Ladrones!.
La Contraloría General encontró 37.932 contratos suscritos desde el 10 de marzo hasta el 5 de abril. De ese número de contratos, 5.198 estaban relacionados con recursos para atender a la emergencia de covid-19.
La Contraloría evidenció que se han comprado kits de mercados con precios superiores en comparación con los de las grandes superficies. También ha visto que se están entregando mercados con fines políticos a población no vulnerable o o que no se ha visto afectada por la pandemia.
Las denuncias sobre la la utilización de los recursos del Estado para atender las familias vulnerables y que llegan a la corrupción pueden denunciarlo en las siguientes partes:
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Rafael Camargo
Investigador
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Con la llegada del Covid-19 a Colombia quedó en descubierto el Sistema de Salud, déficit de hospitales, pésimas condiciones para atender a los pacientes, pobreza en materiales, pero, sobre todo, un robo descarado en muchas regiones del país.
Los hospitales se han convertido en campos para robar y se conoce que, en algunas partes, “venden” los puestos de gerencia y de las Secretarías de Salud.
Los corruptos se aprovechan de todas las situaciones porque estos criminales se han incrustado en todos los sectores del ejecutivo, legislativo, judicial, en las religiones, las organizaciones lícitas e ilícitas.
Con la solicitud de entregar mercados, la apertura para robar fue grande. Se conoce de alcaldes que sólo les han entregado ayudas a quienes votaron por él, de compras que han hecho por determinadas cantidades, pero que sólo dan la mitad, pero sobre todo los sobre costos se han convertido en la denuncia diaria.
ALARMADA LA CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República encontró 37.932 contratos suscritos desde el 10 de marzo hasta el 5 de abril. De ese número de contratos, 5.198 estaban relacionados con recursos para atender a la emergencia de covid-19.
La entidad evidenció que se han comprado kits de mercados con precios superiores en comparación con los de las grandes superficies. También ha visto que se están entregando mercados con fines políticos a población no vulnerable o que no se ha visto afectada por la pandemia.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el COVID-19.
«Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción», dijo
Precisó que la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron en el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia del covid-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, fueron firmados desde de 20 de marzo y superan los $800 mil millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80 mil millones de pesos.
SE ABREN LOS PRIMEROS PROCESOS
«Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones», anotó.
En el Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones. En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.
«En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”, aseveró.
En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.
En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, «cuando lo que se requiere son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar esta pandemia».
DENUNCIAS CIUDADANAS
En Cundinamarca se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de La Palma y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
También figura en el departamento de San Andrés un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para «la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país».
«Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas», sostuvo.
Dijo también que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque «robarse los recursos de los pobres es un delito».
«De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres».
CORRUPCIÓN NACIONAL
La gobernación de Antioquia firmó un contrato por $2.642 millones para vigilancia epidemiológica del Covid-19 y otro por $272 millones a fin de hacer un plan medios de comunicación por el coronavirus. En Cúcuta se investiga por qué, en plena crisis epidemiológica, se pagaron $58 millones de pesos para hacer un libro digital con la historia del hospital Erasmo Meoz.
En Santander se contrató por $246 millones de pesos la impresión de 80.000 cartillas sobre la enfermedad para que circulara con dos periódicos locales. Mientras que la alcaldía de Neiva se dio el lujo de contratar cartillas de $295 millones, y una estrategia de comunicación y sensibilización de $450 millones.
En los pasillos de las entidades públicas se dice que con estas contrataciones se está favoreciendo a aliados políticos y financiadores de las pasadas justas electorales.
En Vichada
Luis Camargo puso la queja contra la gobernación de Vichada a cargo de Alvaro Arley León Florez.
La denuncia es la siguiente:
Le cuento: En Puerto Carreño (Vichada), la Gobernación (@GoberVichada) compró mercados para donar y c/u le costó $242.000. Un habitante del sector compró uno idéntico en un supermercado de la ciudad y le costó $105.000. #CorrupcionConLasAyudas
En el Cauca:
El senador Temístocles Ortega lanza acusaciones contra la millonaria contratación de la alcaldia de Popayan a cargo de Juan Carlos López, ex presidente de Millonarios:
En Ibagué Tolima;
En Atlántico:
La Gobernación del Atlántico, contrató con la firma TRADING GROUP INTERNACIONAL S.A.S., la entrega de 400.200 mercados, para la gente más vulnerable del departamento, por un valor de $19.300.000.000, de acuerdo al contrato cada beneficiario recibiría un mercado, por un valor promedio de $47.000. Este contratista solo se obligaba a trasladar los mercados hacia una bodega en Barranquilla.