Noticias, TOP

Preguntan a Minsalud: ¿QUIÉN LE DIO LA ORDEN PARA VIOLAR LA LEY?

Fernando Ruiz, ministro de Salud

Rafael Camargo

Orbedatos

Mientras que el gobierno nacional prohibió la prueba de Covid-19 a los viajeros que llegan a Colombia. A los colombianos que viajan a otros países se les solicita esa prueba. Es decir a Colombia pueden llegar contagios de diversas partes del mundo.

Pero el «descache» del gobierno es anunciar que no acepta las determinaciones de la justicia en torno al caso de las pruebas. La lógica jurídica indica que  Minsalud  debe ser arrestado  por desacato.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, convocó al Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, a sostener un espacio de diálogo con el Juez 11 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, para exponer los aspectos técnicos que motivaron la objeción al fallo de tutela que obliga a los viajeros que ingresan al país a presentar la prueba PCR negativa para Covid-19.

En comunicación enviada al ministro Ruíz Gómez, el jefe del órgano de control indicó que aunque se reconoce que las sentencias que conceden tutelas deben tener efectos inmediatos en los términos que lo disponga la decisión judicial, es necesario buscar un espacio que permita encontrar soluciones interinstitucionales que beneficien la salud de la población.

La convocatoria fue realizada en ejercicio de la función preventiva que cumple el Ministerio Público, independiente de la impugnación al fallo de tutela que pueda presentar el Gobierno nacional.

La Procuraduría Delegada para la salud, Protección Social y Trabajo Decente, que adelanta la actuación preventiva, estará al frente de concretar el encuentro.

Mientras tanto se pregunta veedores de la salud: «¿Quién le dio la orden al ministro de salud de violar la Ley?»

«Los colombianos común y corriente acatamos los fallos de la justicia, mientras el gobierno los rechaza y enfrenta a los jueces por adoptar medidas de protección con los habitantes de este país. Nunca se había visto esta situación que lleva a la inviabilidad del país», sostiene un abogado indignado.