La revisita semana en sus informes registra las chuzadas telefonicas a periodistas y defensores de derechos humanos desde que el actual gobierno cambio la cúpula militar.
EFE
Entre los periodistas que fueron objeto de seguimientos informáticos están varios estadounidenses, como corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey; el fotógrafo independiente Stephen Ferry, y Lynsey Addario, que ha trabajado para varios medios internacionales.
Según la edición de la revista que sale a circulación este sábado, el espionaje tuvo lugar entre febrero y diciembre de 2019 y además de los periodistas los militares también hicieron seguimientos informáticos a «exministros, funcionarios de la Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros», de quienes hacían perfiles que incluían hasta a familiares y contactos sociales.
Semana, que tuvo acceso a decenas de documentos y entrevistó a más de diez fuentes, denunció también que «las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera».
Además, asegura que «parte de esos recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses, en particular periodistas».
«Esa agencia de inteligencia extranjera entregaba a los batallones de ciberinteligencia aproximadamente 400.000 dólares anuales para adquirir equipos y herramientas informáticas», detalla la investigación.
PERIODISTAS INTERNACIONALES EN LA MIRA
Nick Casey, uno de los periodistas objeto de los seguimientos ilegales llamados «perfilaciones», denunció en mayo de 2019 en The New York Times que el Ejército colombiano había ordenado a la tropa incrementar los resultados operacionales, lo que ponía en riesgo la vida de civiles como sucedió con las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos».
En la época, el comandante del Ejército era el general Nicacio Martínez, quien pasó a retiro a finales del año pasado, y durante su gestión fue duramente cuestionado por su presunta falta de compromiso con los derechos humanos.
Según la revista, «los militares monitoreaban los pasos de ese periodista (Casey) en el país en una carpeta donde tenían sus contactos, algunas fuentes y las personas con las que se relacionaba, e incluso aparecen sus propios editores de Nueva York».
En esa búsqueda de información, revela la publicación, los uniformados llegaron a otros periodistas entre los que se encuentran Juan Forero, del Wall Street Journal, y John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
También aparece en las carpetas la fotoperiodista Lynsey Addario, quien en febrero tomó unas fotografías de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó que fueron publicadas en un reportaje de National Geographic.
«El perfilamiento terminó con un efecto dominó en el que aparecen referenciados otros tres fotógrafos de The New York Times que viven en Estados Unidos, y Stephen Ferry, otro fotoperiodista muy conocido en Colombia», asegura la revista.
LISTA DE PERIODISTAS COLOMBIANOS
Según la publicación, el Ejército también hizo seguimiento informático a periodistas nacionales, entre ellos la analista de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, de quien «los militares recaudaron sus teléfonos, dirección, correos, vehículos, el lugar en donde vota y hasta las infracciones de tránsito que cometió».
La investigación también revela que existe una carpeta de La Liga Contra el Silencio, un medio creado hace cuatro años por iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
«Allí aparecen periodistas reconocidos como Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y Gina Morelo, editora de la unidad de datos de El Tiempo», detalla la revista.
Igualmente hay referencias a la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, y a Daniel Coronell, columnista y presidente de noticias de Univisión.
También fueron objeto de estos seguimientos, medios independientes como Rutas del Conflicto, especializado en investigaciones relacionadas con temas de corrupción y orden público, integrada por una docena de comunicadores menores de 30 años.
POLÍTICOS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Un perfil del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también aparece en los documentos conocidos por la revista.
Vivanco dijo a Semana que «las graves denuncias de que el Ejército realiza interceptaciones ilegales y produce inteligencia sobre periodistas, jueces y abogados de derechos humanos se repiten año tras año en Colombia».
También aparecen líderes políticos como los senadores de oposición Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino, e incluso funcionarios del actual Gobierno, como el exsecretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, así como militares en retiro.
En enero, la revista había denunciado otros casos de seguimientos e interceptaciones, incluso a periodistas de esa misma casa editorial. EFE
PRONUNCIAMIENTO
Frente a la publicación realizada por la Revista Semana ‘Las carpetas secretas’ y el material que hemos conocido, la Fundación para la Libertad de Prensa hace la siguiente declaración:
- Rechazamos enfáticamente que en Colombia permanezcan y se agudicen las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.
- En esta ocasión el perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones. Se trata de una peligrosa atribución que el Ejército se está abrogando para evaluar y parametrizar contenidos democráticamente relevantes incitándolos dentro de parámetros de guerra. En estos perfiles, además de recopilar información pública, se incluyen datos privados y de familiares. En ningún caso hay autorización previa y por lo tanto la recolección y análisis de partes sensibles de la información viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia.
- La FLIP conoce que habría, al menos, 30 periodistas que han sido objeto de estos perfilamientos. Hasta la fecha, hay información sobre: María Alejandra Villamizar (Caracol Radio), Juan Forero (The Wall Street Journal), Daniel Coronell (Univisión), Federico Ríos (freelance del New York Times), Óscar Parra (Rutas del Conflicto), Stephen Ferry (independiente), Ginna Morelo (La Liga Contra el Silencio), Yolanda Ruiz (RCN Radio), Ignacio Gómez (Noticias UNO), Lindsay Addario (independiente), Nicholas Casey (New York Times), Jhon Otis (CPJ y NPR) y un periodista y productor de Blu Radio. También están los medios de comunicación Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio.
- Estos hechos eran de conocimiento del ministro de defensa Holmes Trujillo, de la Fiscalía General de la Nación y de la actual cúpula militar, por lo menos desde enero del 2020. Las únicas medidas adelantadas por el Ministerio de Defensa fueron anunciadas pocas horas antes de que la Revista Semana revelara el informe. Esta es su respuesta publicada en redes sociales.