Rafael Camargo
Las autoridades judiciales y los organismos de control empezaron a dar resultados en la sonada defraudación de los dineros de los colombianos en cantidad de 70 mil millones de pesos entregados con documentación falsa por el Ministerio de las TICs.
Mientras tanto Karen Abudinen quien defendió «a capa y espada a los contratistas, cuando la alertaron de la defraudación a la vista, ahora guarda silencio por cuanto ahora desempeña el cargo de alcaldes ad hoc en Sincelejo.
El representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque Torres, fue capturado por el CTI, durante un operativo en un lujoso edificio del Poblado en Medellín.
Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, fue privado de la libertad por su presunta participación en la contratación que hizo el Ministerio de las TIC con la Empresa Unión Temporal Centros Poblados por 70.000 millones de pesos.
El empresario y corrupto cordobés Emilio Tapia Aldana, una vez conoció de su orden de aprehensión ingresó a la clínica Misericordia de Barranquilla por una crisis de hipertensión. Pocas horas después, a la habitación en la que se encontraba, llegaron varios agentes del CTI de la Fiscalía General para comunicarle la existencia de una orden de captura en su contra.
El contratista –conocido por ser una de las cabezas más visibles del escándalo del ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá’, caso donde confesó su responsabilidad y los delitos cometidos se encuentra hospitalizado y es necesario un concepto médico para verificar si puede o no presentarse a la audiencia de legalización de captura por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración de un billonario contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Mientras tanto los responsables de la defraudación no dan razón alguna sobre los 70 mil millones de pesos recibidos como adelanto del contrato para conectar con Internet a la población infantil de menores recursos económicos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó las primeras determinaciones dentro de la acción popular promovida por la Procuraduría y ordenó como medida provisional embargar las cuentas bancarias de la Unión Temporal de Centros Poblados que no alcanzan los cinco millones de pesos y levantar el velo corporativo (separar patrimonios de los accionistas de la UT).
La Superintendencia de Sociedades deberá, en los próximos tres días, separar los patrimonios de las empresas que conforman la UT que son: fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación, ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora SAS.
REACCIONES
«Y no solamente espero que se produzcan capturas sino que haya decisiones muy claras y ejemplarizantes por parte de la justicia frente aquellos que pretenden defraudar al Estado colombiano», declaró el presidente Iván Duque durante su viaje ahora por los Estados Unidos.
«¿No que no había relación de Centros Poblados con Emilio Tapia? Capturados Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados. ¿Y ahora negarán la relación con el ex gobernador Alvaro Cruz, condenado por carrusel contratación?», sostiene la representante a la Cámara Katherine Miranda.