Los niños en la guerra
Las masacres recientes ocupan titulares y recuerdan la violencia de otras épocas. En esas mismas regiones de Colombia cobra fuerza el reclutamiento de menores, que encontró un aliado en el aislamiento por la pandemia.
La Liga Contra el Silencio
«Se busca», decía el mensaje que un familiar de Carlos* publicó en Facebook en agosto pasado, junto a dos fotografías que podían servir para ubicarlo. De 17 años y con quinto de primaria, Carlos trabajaba en una vereda de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, y llevaba varios días sin comunicarse con su familia. Menos de un año atrás huyó de un pueblo cercano cuando un grupo armado ilegal, en una disputa por territorio, intentó reclutar.
«Esperábamos que nos dieran razón de que estaba bien, porque en esos dos días habían matado mucha gente por allá. Uno pensaba lo peor», dijo a La Liga Contra el Silencio la mujer que posteó el mensaje. Según ella, el muchacho debió salir «prácticamente volado» del campo a la ciudad para alejarse de los fusiles.
A Yina, de 14 años, y a otro menor de 17 sí los alcanzó la guerra. Ellos fueron dos de los ocho muertos que el Ejército reportó en abril durante un «enfrentamiento» en El Encanto, otra vereda de Argelia, contra el Frente Carlos Patiño, un grupo surgido tras el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los militares destacaron entonces la «neutralización» de alias ‘Kevin’, el tercer cabecilla de ese grupo. Y aunque no identificaron a sus acompañantes, luego se supo que eran aquellos adolescentes. La operación fue descrita como una «confusa emboscada» por El Espectador, que contrastó la versión oficial con las de varios lugareños.
Las familias de estos menores, reclutados para combatir, o para vigilar y colaborar en las tácticas de la guerra (sin uniforme ni fusil), pocas veces acuden a las autoridades. El silencio en muchos casos es su estrategia para sobrevivir.
«Uno no puede ponerse a decir: ‘Vea, se me llevaron a mi hija’. Después tienen que irse, o los matan», dijo a una emisora de Popayán una familiar de Yina, quien se había separado de sus padres tres meses antes de morir. La familia era tan pobre, contó esta persona, que debieron recolectar dinero para sepultar a la chica. «Era una niña de 14 años la que cayó allí», lamentó. En la última foto que Yina subió a Facebook el 15 de febrero, posa sonreída, con el largo cabello negro hacia un lado y un lazo en la cabeza. En otra foto que apareció tras su muerte se ve con el cabello recogido y oculto tras una gorra militar. Su pequeño cuerpo luce un traje camuflado y botas negras. Un arma larga colgaba de su hombro derecho.
Crecer entre bandos enfrentados
El reclutamiento de menores mermó tras el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, pero creció durante el mandato de Duque, quien arreció la guerra. El cierre de escuelas durante la cuarentena por la pandemia les ha facilitado la tarea a los grupos ilegales. La pobreza y la ausencia de una oferta institucional distinta a la militar son el trasfondo de este fenómeno en el Cauca.
El Plateado, de donde Carlos huyó, es un corregimiento al sur del departamento que este año ha registrado un «escalamiento de las acciones bélicas» entre el Frente Carlos Patiño y el Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según mencionó una alarma temprana de la Defensoría del Pueblo el 7 de marzo.
La Defensoría emitió cinco alertas para varias regiones del Cauca debido al recrudecimiento de la violencia y otra más para una zona vecina en Nariño.
El Plateado es descrito por esa entidad como un lugar de «alto riesgo de afectación a la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes y docentes». Cerca de las escuelas se han registrado hostilidades de grupos armados, y uno de ellos se instaló a pocos metros de las aulas. De acuerdo a la Defensoría «un importante número de docentes» que trabajaban ahí pidió cambio de plaza por la situación, y permanecían todos en Popayán. En El Plateado las actividades académicas se cancelaron antes de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia.
«Somos el departamento con el mayor número de docentes amenazados, y en los últimos años, de docentes asesinados», dijo Víctor Jiménez, coordinador de derechos humanos de Asoinca, una asociación de maestros y trabajadores educativos en Cauca, y miembro de la Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y el Territorio. «Hay profesores a quienes les han dicho: «Tiene 24 horas para irse o lo matamos», contó. Otros han renunciado ante las demoras en la respuesta del Ministerio y la Secretaría de Educación. Algunos, según Jiménez, son movidos a otras «zonas rojas».
Desde hace décadas el Cauca, una región multicultural y de ubicación estratégica, ha sufrido diversas violencias bajo la acción de guerrillas, paramilitares y el mismo Estado. Allí operan la Vigésima Novena Brigada, adscrita a la Tercera División, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra 4) y la Brigada Liviana de Caballería.
Pero el enorme contingente militar no ha evitado que los grupos ilegales —dedicados al narcotráfico, la extorsión y las amenazas— se multipliquen. En un informe reciente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) menciona la presencia de al menos 12 grupos en el Cauca, entre disidencias de las FARC, paramilitares y carteles mexicanos que negocian cocaína.
Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) dijo que el Cauca ha experimentado desde 2017 «recambios y movimientos en varios sentidos» entre los bandos que pelean el territorio. «Ya uno no puede hablar de estos grupos en los mismos términos que se hablaba cuando estaban la guerrilla (de las FARC), el ELN y los paramilitares (…) Ahora está en entredicho si estamos en un conflicto armado o si estamos viviendo una etapa violenta del posconflicto», añadió.
Se ha consolidado el llamado Comando Coordinador de Occidente o Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente, con estructuras nuevas y otras que no se acogieron al acuerdo de paz como la Dabogerto Ramos, Jaime Martínez, Rafael Aguilera y el Frente Carlos Patiño. «Ellos han crecido y son los que más han reclutado; han expandido su control y en sus zonas de injerencia han aumentado los cultivos ilícitos», explicó Torres.
Los sembradíos de coca y marihuana, la minería ilegal y el entramado de rutas para sacar droga hacia Centro y Norteamérica son el botín. Veredas de Argelia y del municipio vecino de El Tambo están entre los principales enclaves productivos de hoja de coca, según menciona el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el gobierno colombiano.
En Íquira, en Huila, evidencia más casos de reclutamiento, esta vez debido a «la expansión y dominio hegemónico» de la columna móvil Dagoberto Ramos. Con su avance en esa zona, dice la Defensoría, «se acrecienta de manera notoria» el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el corregimiento de Riochiquito, en Paéz, y de forma particular entre indígenas.
La Defensoría registra al menos 15 menores de edad fueron vistos con camuflaje y armas de fuego, y se conoció el reclutamiento de una menor de 14 años. También el de una niña de 13 y un adolescente de 15, y se suman versiones sobre otros seis menores. La Defensoría además reportó la deserción escolar de una niña, posiblemente relacionada con la acción de grupos armados; y añadió que otros 13 menores podrían estar en una situación similar. La institución admite que el subregistro impide conocer las verdaderas cifras. Entre 2017 y 2022 la Defensoría emitió 108 alertas donde advirtió el riesgo de reclutamiento de menores que existe en 182 de los 1.103 municipios del país.
El reclutamiento y otras violencias contra niños, niñas y adolescentes son delitos con altos niveles de impunidad. De las 4.219 investigaciones que adelanta la Fiscalía, según la JEP, solo 10 terminaron en sentencias condenatorias. Esa instancia indagará los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1971, fecha que del primer caso conocido por la Fiscalía, y el 1 de diciembre de 2016.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido a 6.798 menores desvinculados de grupos armados, y actualmente 233 están bajo su protección. De acuerdo a esa institución, las FARC, serían responsables del reclutamiento en 3.879 casos; después figura el ELN, con 1.278, las Autodefensas Unidas de Colombia, con 1.054, y otros grupos armados organizados, con 606.
El informe `Una guerra sin edad`, del Centro de Memoria Histórica, reúne 16.879 registros sobre reclutamiento y utilización de menores desde los años sesenta hasta 2016. UNICEF calcula que 300 mil niños y niñas participan como soldados ahora mismo en conflictos de todo el mundo.
Los niños según expertos en el conflicto armado de Colombia son la avanzada de las tropas insurgentes.