«El exlíder de las FARC Rodrigo Granda, debe rendir cuentas ante la Justicia de mi país», afirmó la fiscala general de Estado de Paraguay, Sandra Quiñónez, desde los Estados Unidos donde cumple una visita oficial.

La considerada una de los mejores investigadoras del continente durante conversación telefónica con Primicia Diario  fue categórica en afirmar que el colombiano es requerido por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la República, Raúl Cubas.

Quiñónez fue una de las implacables fiscales anti secuestro antes de llegar al máximo cargo dentro del Ministerio Público.

«Hace años estamos detrás de Rodrigo Granda. Él debe muchas explicaciones a la Justicia paraguaya. Su prisión y extradición venimos solicitando vía Interpol a todo el mundo», apuntó.

En el momento de esta nota, la Fiscala General estaba en Washington invitada por el departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden. «Hay una circular roja de Interpol emitida por Paraguay contra Granda por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso. La Fiscalía lo tiene en la mira por varios de los secuestros, en especial por el caso de Cecilia Cubas, cobardemente asesinada por los criminales», explicó la funcionaria.

«No quiero entrar en detalles diplomáticos ni involucrarse  en las relaciones entre a Colombia y México, pues no es mi área de acción; sí puedo agregar que una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar», destacó.

«En el caso de Paraguay, la Justicia espera contar con Rodrigo Granda y conocer más detalles de su implicancia en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas (1998-1999). Ella fue hallada sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda», afirmó.

La Fiscala General del Estado de la República del Paraguay, Sandra Quiñónez, es considerada y reconocida a nivel continental como «La fiscala de mano de hierro». Tiene bajo su administración a un récord de Diputados, senadores, intendentes, gobernadores y altos funcionarios del Gobierno en carácter de imputados y acusados.