El jefe de debate y vocero nacional de la campaña «Presidente Petro, Vicepresidenta Francia», Alfonso Prada, radicó  una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones.

Ante el ente acusador, Prada argumentó que la filtración de conversaciones privadas en las que se habla sobre estrategias y se analizan posibles escenarios en la contienda electoral están poniendo en riesgo la seguridad la campaña, así como la integridad del candidato presidencial Gustavo Petro y de su equipo.

«La campaña presidencial es víctima de un hecho gravísimo de chuzadas e infiltraciones ilegales donde nos espiaron, grabaron y filtraron las conversaciones privadas de manera ilegal, hechos que fueron publicados a nivel nacional el día 9 de junio del año 2022 en la Revista Semana en sus plataformas digitales y luego replicado en otros medios de comunicación», señala la denuncia.

En tal sentido, agregó el jefe de debate, se trata de un episodio con intenciones de materializar una guerra sucia contra la candidatura de Petro y Márquez a tan solo unos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial y en un escenario que marca una intención de voto favorable, según la mayoría de las encuestas, hacia esta campaña.

«(Hubo) tergiversación, edición y descontextualización del contenido de los videos por su manipulación (…) y son utilizados malintencionadamente para desinformar, crear un ambiente adverso y afectar el buen nombre del equipo de la campaña presidencial, vulnerando nuestros derechos políticos y de los creyentes en nuestra apuesta política», agregó Prada.

El vocero nacional de la campaña afirmó que las grabaciones realizadas en ámbitos privados, como las ocurrida, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal «si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen de voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto».