Mientras ejercito y policía apoyaran al gobierno nacional contra la delincuencia electoral el fiscal Barbosa se opone en una acción que algunos políticos calificaron para favorecer a los partidos políticos corruptos.
Rafael Camargo
El Gobierno del presidente Petro inicia el operativo más grande de la historia de Colombia contra la corrupción electoral a través de la compra de votos, con la oposición del fiscal Barbosa.
El Gobierno del Cambio, a través de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional en articulación con la Policía Nacional , ofrecerá recompensas para que la ciudadanía denuncie ante las autoridades posibles hechos de compra y venta de votos.
La directriz se da en cumplimiento al llamado del presidente Gustavo Petro, quien ordenó capturar a los compradores de votos.
«La Policía de Colombia en cada municipio tiene la orden terminante, con inteligencia, con los aparatos de inteligencia, de capturar a todo comprador de votos que se establezca en el país», advirtió.
El mandatario recordó que comprar votos es un delito y está tipificado en el Código Penal.
Montos e incentivos
La Campaña #DenunciaAlCorrupto informó que se pagará hasta 5 millones de pesos a las personas que con su información permitan la identificación y posterior captura de quienes estén vinculados a delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos.
Fuerzas Armadas
La Fuerza Pública va a desplegar 224.193 hombres y mujeres para garantizar la seguridad de los ciudadanos que van a ejercer el derecho al voto. Esto hace parte del Plan Democracia 2023, estructurado por el Gobierno del Cambio para los comicios regionales del 29 de octubre.
Mientras el Ejército va a disponer de 120.193 efectivos, la Armada contará con 14.000 marinos e infantes de Marina, la Fuerza Aeroespacial con 10.000 y la Policía con 80.000 uniformados.
Para estas votaciones, en las que se elegirán a los futuros alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a asambleas departamentales y ediles de Colombia del periodo 2024 – 2027, la Fuerza Pública trabaja de manera interinstitucional con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, entre otras entidades estatales, bajo los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior para garantizar el derecho al voto del electorado en todas las regiones del país.