Andrés Felipe Arias fue confirmado como delincuente por la Corte Suprema de Justicia.
Rafael Camargo
Al revisar en recurso de impugnación especial la sentencia dictada en 2014, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 17 años 5 meses y 8 días de prisión contra el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, como responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Con nuevos integrantes, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria confirmó que, en desarrollo del Programa Agro Ingreso Seguro AIS, el exministro desconoció los principios de contratación estatal de transparencia, planeación, economía y responsabilidad (contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo), y no evitó que particulares se apropiaran ilícitamente de recursos del AIS (peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo).
La Corte también desvirtuó la inconformidad de la defensa frente al monto de la pena de prisión impuesta al exfuncionario (209 meses y 8 días). Concluyó que no es injusta ni excesiva, sino que, por el contrario, respeta el proceso de motivación, es proporcional, necesaria y fundada en los términos de la acusación formulada en su momento por la Fiscalía General de la Nación.
Con base en las pruebas del proceso, la providencia determinó que el entonces ministro de Agricultura y Desarrollo Rural concibió el Programa Agro Ingreso Seguro «como instrumento facilitador de sus aspiraciones políticas, mediante su intervención en los Comités y las Unidades Coordinadoras y Ejecutoras, integradas con personal del Ministerio de su confianza y del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura)…»
Según la sentencia SP011-2023 leída en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, quedó probado que Arias Leiva tenía injerencia sobre el Comité Administrativo encargado de aprobar los listados remitidos por el IICA de beneficiarios de los subsidios del AIS, de acuerdo con los términos de referencia de los contratos para implementar y desarrollar el programa. Y si al Comité, en el cual tenía participación el ministro, le estaba asignada esa función, es entendible que pudiera modificarlos y no ser un simple validador de esos listados.
A juicio de la Corte, no obstante su influjo sobre los funcionarios del Ministerio y el control que ejercía desde un principio sobre el programa AIS -a través de esa injerencia en el Comité Administrativo-, y a pesar de saber del fraccionamiento ilícito de predios desde antes de octubre de 2009, el exministro no hizo nada para evitar la apropiación de los recursos por los particulares mediante tal conducta.
En consecuencia, frente al delito de peculado, la decisión deja en claro que la responsabilidad de Arias radica en el control ejercido sobre las Unidades del programa, de las cuales recibía información y estaba al tanto de lo que sucedía, por consiguiente, la circunstancia de que no haya sido rechazado ningún proyecto en razón de la información falsa entregada, evidencia su compromiso en la apropiación de los recursos públicos por parte de terceros.
El periodista de investigación Daniel Coronell en su ultima columna se refirió a la determinación de la Corte Suprema de Justicia:
«El primer elemento del escándalo surgió en agosto de 2009 durante el allanamiento a la casa del senador conservador Alirio Villamizar en Bucaramanga. La diligencia judicial buscaba evidencias sobre la participación de Villamizar en la repartija de notarías. Encontraron casi 1.000 millones de pesos en efectivo, contabilidad paralela de dos notarías y también un certificado de Agro Ingreso Seguro (AIS) por 496 millones de pesos a nombre de Danny Alirio Villamizar, uno de los hijos del senador».
En otro aparte dijo como se impulso culpabilizar a otra persona para exonerar a Arias
«Esto no está en la sentencia sino en un reporte de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, conocido gracias a WikiLeaks. El documento hace alusión al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que sirvió de intermediario en la operación de AIS. Allí se afirma que el sucesor de Andrés Felipe Arias en el ministerio, su hombre de confianza, Andrés Fernández conocido con el remoquete de “la Vaca», intentó que el IICA les entregara un chivo expiatorio para que se echara la culpa de las irregularidades de AIS.
El cable dice: «El abogado del IICA afirmó que el ministro Fernández solicitó al IICA ofrecer un «empleado sacrificado» a quien el Ministerio pudiera culpar por el escándalo. IICA se negó».
Andrés Felipe Arias anunció que recibe con «tranquilidad» la decisión y que acatará la determinación del alto tribunal. Aclaró que, con su equipo de abogados, presentarán los recursos necesarios, pero no especificó para qué. «Siempre debe haber un recurso ante una injusticia», resaltó al término de la audiencia.
, Arias deberá seguir privado de la libertad y continuar pagando la pena de 17 años, que empezó a purgar desde el 2014 y que hoy goza de casa por cárcel.