La «maternidad subrogada» se da cuando un embrión obtenido mediante la «fertilización in vitro» se implanta en el vientre de una mujer diferente a la madre biológica, con base en un contrato entre las partes.
La Corte Constitucional, dispuso regular esta modalidad de reproducción asistida, y ad-portas de cumplirse el plazo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció en medios que está listo el articulado de ley estatutaria que será entregado al Congreso. En sus palabras «el propósito es acabar con ese mercado negro y establecer una regulación detallada, al establecer que está permitido, pero que no es negocio». Según el funcionario, el proyecto de ley está dirigido a parejas o personas que no pueden tener un hijo de manera biológica natural y rechazan también la opción de la adopción, en un gesto -digo yo- con tintes eugenésicos. «Es decir, se trata de una persona sola, de una pareja conformada por personas del mismo sexo o si se trata de una pareja conformada por personas de distinto sexo, que tenga imposibilidad para engendrar naturalmente». Así pues, en el anuncio del ministro brillan por su ausencia las consideraciones bioéticas.
De cualquier manera, hasta hoy en Colombia no existe norma jurídica que regule la figura de la maternidad subrogada, por lo que, a partir de la misma, no se puede obtener directamente la paternidad o maternidad de un menor de edad. En esto puede argumentarse que las gestantes lo hacen por libre decisión, que se trata de un contrato entre adultos, que prestan un servicio a parejas que anhelan un hijo, por lo cual también se puede invocar «el interés superior del niño».
Aún más, haciendo gala de su utilitarismo, las agencias que se lucran con este negocio lo han revestido con el ropaje benemérito y «progresista» del «derecho al hijo», derecho que asistiría a toda pareja y a cualquier precio, sobre todo si el precio me lo pagan a mí. Pero la realidad es que tanto el comercio sexual como el turismo reproductivo implican la cosificación de la mujer, lo cual insulta su dignidad humana.
Sin embargo, mientras el gobierno colombiano se aprestaría a regular la maternidad subrogada, el pasado 3 de marzo en Casablanca (Marruecos) se emitió una declaración a los líderes políticos del mundo donde se subraya que la gestación subrogada «viola la dignidad humana y contribuye a la mercantilización de las mujeres y los niños». Dicha declaración fue firmada por 100 expertos de 75 países de los cinco continentes, profesionales de las áreas del Derecho, la Medicina y la Filosofía, y en ella solicitan a los responsables políticos que no se hagan distingos entre modalidades o tipos de gestación subrogada –si remunerada o «altruista»–, y recomiendan que «se niegue todo valor jurídico a los contratos que impliquen el compromiso de una mujer de gestar y dar a luz a un niño».
Declaran, además, ser conscientes «del sufrimiento de las personas que no pueden concebir» y «del atractivo de las tecnologías de reproducción», pero igualmente afirman serlo de la necesidad de una «protección eficaz de la dignidad humana». Sobre el sinsentido que implica la abrupta separación del niño respecto a su madre biológica, una de las firmantes, Cornelia Kaminski, deploró en medios de comunicación una práctica que se evita incluso respecto a las mascotas: «No puedes quitarle un cachorrito a su madre en las ocho semanas siguientes a su nacimiento, pero respecto a un niño recién nacido, sí puedes». Asimismo, rechazó el argumento de la «libertad de elección» de las madres biológicas, por la desventaja en que suelen estar respecto a la parte que hace el encargo: «No tienes a mujeres ricas llevando un embarazo para darles un hijo a mujeres pobres. Y no tienes a parejas pobres encargando un bebé por vía de la subrogación».