Trabajadora

Jhonny Alexis Lizcano L.

En los modelos de gobierno progresistas y demócratas contemporáneos, una de sus facultades especiales es poder concebir políticas sociales como gestión pública y de Estado al servicio de sus conciudadanos. Y no políticas de gobierno, al servicio de los grandes monopolios u oligopolios económicos del país. Pues de ser así, estaremos a portas de legitimar un Estado Plutocrático y contradictoriamente opuesto, al bienestar humano y al mismo desarrollo social.

Esta parece ser la premisa de los contradictores técnicos o de la oposición, cuando insisten en afirmar que la Reforma Laboral actual que se discute en el Congreso de la República, puede frenar o desestimar la promoción de nuevos puestos de empleo y la desaceleración de la economía, por causa directa de los onerosos compromisos que deberán asumir los empleadores, el sector empresarial y gremial en Colombia. De aprobarse la iniciática que promueve el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, al interior del órgano legislativo.

Lo cierto es que el compromiso es mayor, pues el Proyecto de Ley de Reforma Laboral en Colombia, pretende proteger y reivindicar los derechos laborales de por lo menos 22 millones de compatriotas. Muchos de ellos en la informalidad o la desocupación, con una actividad económica irregular o sencillamente inestable. Se calcula que 9 millones son mujeres, es decir 40.8%. Y 13 millones son hombres, con un 59.2 %. De acuerdo a las cifras estimadas por el Ministerio del Trabajo y Protección Social.

Pero un aspecto que ha pasado a un segundo orden de importancia o casi inadvertido por los medios de comunicación y la denominada opinión pública en el país, es precisamente su génesis o concepción. Lo cual la hace particularmente especial, por la naturaleza de ser una ´Política Social´, que nació de las mesas tripartitas con la participación de las centrales sindicales, los gremios de producción y el gobierno. En el denominado ´Trabajo por el Cambio´, que alcanzó a recoger cerca de 3 mil propuestas, derivadas por el consenso de 34 mesas que se implementaron en diferentes territorios a nivel nacional. A través del diálogo regional con injerencia directa en las subcomisiones de la reforma laboral, siendo la inestabilidad laboral la mayor preocupación expresada.

A su vez, durante el ciclo de estudio y análisis de la propuesta, se contó con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Además, se analizaron experiencias significativas de países como Argentina, Chile, España y México; durante un lapso de seis meses.

Lo anterior nos deja entrever, que la presente propuesta de Reforma Laboral para Colombia, no es como la pretenden mostrar algunos opositores radicales como el resultado de un mar de improvisaciones. Sino que es todo lo contrario, un Proyecto de Ley que surgió como una necesidad imperiosa de la realidad nacional. Y fue concebida como una ´Política Social´, con la participación activa de todos los protagonistas económicos del país. Cuyo fin, es garantizar el derecho laboral y la equidad de ingresos, en una sociedad colombiana acostumbrada históricamente a la desigualdad y la explotación laboral.

No en vano, su pretensión de modificación es estructural. Ajustando el Código Sustantivo del Trabajo en aspectos sustanciales como: la contratación laboral, la jornada laboral, los recargos nocturnos y dominicales, la tercerización, el trabajo rural, el trabajo en plataformas digitales, la equidad de género, la negociación colectiva y la huelga. Todas las anteriores, llevan consigo una importante responsabilidad social en las empresas y un compromiso inherente frente al trabajador. Su estabilidad social y económica. De ahí la discusión, pues un gran número de empresarios en Colombia quieren seguir teniendo un enorme capital de ingresos en virtud del trabajo que realizan sus empleados. Pero sin que ello, le demande mayores compromisos contractuales. Y menos aún, si la nueva Reforma Laboral le exige un trato justo y equitativo, frente al salario de sus trabajadores.