El  80% de estos jóvenes desamparados por el Estado colombiano, quedan a merced de la delincuencia y del conflicto armado.

Jhonny Alexis Lizcano L. 

Como suele ocurrir en Colombia los temas trascendentales y de gran impacto social los minimizamos a su máxima expresión. Para luego despotricar de él. Y no contentos con ello, buscamos justificar nuestra incapacidad de sentido común con frases lapidarias, como la expresada por la senadora María Fernanda Cabal: «a los jóvenes emprendedores les exigen impuestos, y a los criminales les dan subsidios». En referencia a la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro, para alejar a los jóvenes de la violencia en el país.

La polémica iniciativa fue presentada por el Presidente en su visita a Buenaventura, tras el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad en el territorio. Que en los meses de mayo y junio ha duplicado el número de homicidios, en comparación a los mismos meses del año anterior. Convirtiéndose en un foco para el incremento de bandas criminales, la expansión del narcotráfico, el soborno y la extorsión. Siendo esta práctica, común y repetitiva para muchos jóvenes. Que no encuentran otra oportunidad diferente, a la realidad con la que conviven. Y en ocasiones por muy cruda que parezca, solo es la única alternativa con la cuentan para subsistir y resistir.

Según datos del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.), solo el 24% de los jóvenes provenientes del litoral pacífico logran acceder a una institución de educación superior. En comparación con la media nacional, que se sitúa en un 53% de cobertura.

Lo cual nos indica por simple aritmética, que un 80% de estos jóvenes desamparados por el Estado colombiano, quedan a merced de la delincuencia y del conflicto armado.

Siendo reclutados por las mafias y los grupos al margen de la ley. Fenómeno que ya ha sido sobre diagnosticado por los diferentes gobiernos de turno durante en más de 30 años en el país. Pero que por primera vez, se materializa una política pública, por muy descabellada que parezca, al servicio de la reivindicación social con equidad.

La propuesta contempla aplicar un subsidio mensual de un millón de pesos (casi 240 dólares), para alejar a los jóvenes de la violencia. Con el compromiso de abandonar la delincuencia como práctica remunerativa, y emprender un proyecto productivo anclado a un proceso educativo y formativo.

Para ello, el gobierno busca que dicha renta básica ayude a sortear los obstáculos socioeconómicos para el ingreso a la educación superior. Pero antes, garantizando la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes y sus familias. Con oportunidades viables de ocupación laboral.

La iniciativa involucra también la creación de una universidad en territorio, que permita el acceso de por lo menos 500 mil nuevos cupos educativos, en carreras profesionales y tecnológicas, según las necesidades productivas de la región.

Los opositores radicales a la propuesta gubernamental, señalan que la iniciativa aún no tiene doliente y que es efímera y populista. Pero lo cierto, es que el Presidente Gustavo Petro, ya implemento algo similar cuando fue alcalde de Bogotá entre el 2012 al 2015. Incluyéndola además en su propuesta de gobierno como candidato presidencial. Y posteriormente una vez fue elegido como mandatario de los colombianos, la adhirió a su Plan Nacional de Desarrollo (PND). Creándole incluso una dirección propia en el nuevo Ministerio de la Igualdad.

Por ahora, «Pagar por no matar», se convierte en una propuesta resolutiva y audaz para el proyecto de Paz Total del presidente. No sin antes entender como lo afirmó el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que las transferencias de un millón de pesos serán temporales y transitorias. Mientras se logra consolidar en conjunto con la iglesia católica y organizaciones sociales que trabajan en territorio, los jóvenes en alto riesgo. Para luego, materializar los programas sociales y comunitarios que se exigen, según las necesidades encontradas.

Dicho programa de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), en los objetivos generales de Jóvenes en Paz, contempla cuatro ejes de articulación: Las transferencias monetarias condicionadas al trabajo social y al estudio, acceso a mecanismos de asistencia al emprendedurismo, gratuidad de programas educativos y provisión de servicios de salud mental.

Reglamentación que según el texto, debe cumplirse en los tres meses posteriores a la aprobación de la ley. Y que inicialmente estará en vocería del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS).