Gustavo Petro, presidente de Colombia. 

«Completo así ocho años de investigación permanente sobre mí por las fiscalías que han buscado encarcelarme solo para impedir que el progresismo, bajo mi dirección, gobierne el país».

Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter) ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de compulsar copias de las declaraciones de Nicolás Petro sobre un presunto financiamiento irregular de la campaña a la presidencia.

«El Fiscal General compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal, en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora», dijo.

El mandatario denunció que «de manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados».

«Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto, al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas», anotó.

«Ni al interrogador de la fiscalía, ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento, para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas».

El evento al que se refiere el presidente sucedió el 10 de septiembre de 2021, en Barranquilla, donde se hizo el lanzamiento del Pacto Histórico en esa ciudad, ocho meses antes de la jornada electoral de la primera vuelta presidencial que se desarrolló el 29 de mayo de 2022.

La ley 1475 de 2011, que regula los procesos electorales en Colombia, establece en su artículo 30 que la campaña proselitista inicia «cuatro meses antes de la fecha de la correspondiente votación”, es decir que para los anteriores comicios la campaña comenzó legalmente el 29 de enero de 2021.

«Ante tamaño error del interrogador de la fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la comisión de acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no pertenecido a la campaña».

El artículo 34 de la ley define campaña electoral como «el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo».

«La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña podrá ser adelantada por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos, por su parte, sólo podrán hacerlo a partir de su inscripción”, establece la norma.