Estación del ferrocarril La Sabana

Gerney Ríos González

Demostrada la incapacidad financiera de la Nación para adelantar por su cuenta los trabajos del ferrocarril hacia Bogotá, se resolvió aceptar la propuesta del ingeniero cubano, Francisco Javier Cisneros, para avanzar en las obras con una sociedad inversionista y constructora a quien se le otorgaba la concesión, quedando el país propietario del tramo erigido con sus recursos entre Girardot y Juntas de Apulo.

Previo concepto del ministro de  hacienda, Antonio Roldán, sobre la potestad del ejecutivo para celebrar un  contrato de estas características sin la aprobación del Congreso, Jesús Casas Rojas, ministro de Fomento, Vicente Restrepo y Julio Barriga miembros del comité directivo y administrativo del Ferrocarril de Girardot, procediendo en virtud de una autorización expresa, el 17 de septiembre de 1887, pactaron con Carlos Uribe, cercano colaborador del ingeniero Cisneros, quien se encontraba en Europa, el estudio, la construcción, el equipamiento y la explotación de la vía férrea servida por vapor entre Juntas del municipio de Apulo y su conectividad con la empresa Ferroviaria de la Sabana en Facatativá; si a ello se prestara la compañía de ésta última, la unión de las dos carrileras y su continuación hasta Bogotá, era un hecho.

Oportunidad buscada por los gobiernos para encontrar un concesionario capaz de construir la línea férrea, y Cisneros venía rodeado del prestigio de haber levantado exitosamente difíciles tramos en los ferrocarriles de Antioquia, Cauca, La Dorada, además del primer tramo de la carrilera de Girardot.

El articulado del contrato incluía cláusulas sobre libertad para escoger la ruta, exclusividad del ferrocarril dentro de una amplia zona y el aporte del gobierno por un valor de $900.000. El resto se computaría a un precio máximo de $35.000 por kilómetro. Se concedió un plazo de ocho meses para que el concesionario aceptara en firme el contrato, vinculante de acuerdos pertinentes con inversionistas, abastecedores de materiales y personal técnico. Si dentro de los ocho meses siguientes lo admitiera el proveedor entraría en la administración y goce del trayecto entre Girardot y Juntas en Cundinamarca.

El contratista se obligó a iniciar trabajos dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la aprobación depositando $25.000 en la tesorería de la nación como garantía del cumplimiento de sus obligaciones. El plazo total para construir la obra se fijó en seis años. Se estableció un período de 99 años de propiedad y goce, a cuyo término pasaría a ser patrimonio estatal. El convenio firmado en Bogotá el 17 de septiembre de 1887 entre el ministro de fomento, los miembros del comité Directivo y Carlos Uribe concesionario, siendo aprobado en Anapoima por el presidente Rafael W. Núñez M. el 18 de septiembre de 1887.

El convenio no tenía subsidio del gobierno, no incluía la entrega de terrenos baldíos al constructor y el Estado era socio de la empresa en un porcentaje mínimo del 22% con posibilidades de sobrepasar el 30% según la extensión final de la línea férrea. Un mes más tarde, Carlos Uribe, autorizado para esta operación, lo cedió a Francisco Javier Cisneros, aceptada por J. Casas Rojas, ministro de fomento, obrando a nombre del presidente de la República. En diciembre 14 de 1887, Dámaso Zapata apoderado de Cisneros, obtuvo una modificación que permitía al concesionario fijar libremente las tarifas en los primeros dos lustros de operación. A partir del undécimo año, los valores requerían la aprobación del régimen.

Estando Cisneros en Barranquilla convaleciente de un paludismo, sin reponerse de las noticias de la muerte de su esposa Carmen y de su representante en Bogotá y cercano amigo Dámaso Zapata, se enteró de la decisión del gobierno por lo que solicitó mediante una carta dirigida al consejo directivo del Ferrocarril, un plazo prudencial para comunicar al sindicato londinense la determinación oficial. Informó el ingeniero cubano que había enviado en el vapor Avon que zarpó de Sabanilla a Colón el 1 de octubre, un mensaje para ser transmitido por caligrama a Londres, y que tan pronto tuviera respuesta a finales de octubre, lo socializaría.

Argumentando el delicado estado de salud que lo mantenía en Barranquilla, manifestó que sólo podría embarcarse para Bogotá el 24 de octubre. Además del significado del recado anterior, se dejan ver las enormes dificultades de comunicación que rodearon el trámite de las propuestas. Fue necesario para Cisneros mandar un emisario a Panamá a colocar telegramas para anunciar que ya había enviado la misiva a Londres, cuya contestación tardaría al menos un mes.