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Gustavo Álvarez Gardeazábal
El Porce
Como era lógico después de 30 años de vigencia de la dañina Constitución del 91, nuestro antigua República Democrática quedó convertida en un Estado Contractual.
Todas sus relaciones políticas, todos sus pasos adelante, todos sus cambios y, en especial su funcionamiento, están regidos por los contratos y, obviamente por los contratistas.
Quienes redactan las leyes tienen mentalidad de contratistas,y ambiciones y sed de contratistas, cuando no es que son ellos mismos por interpuestas personas, sociedades o uniones temporales quienes reciben algún oleaje de beneficios por esos contratos.
El gobernante, sea nacional, departamental o municipal, consigue que las leyes, ordenanzas o acuerdos sean aprobados canjeándolos por contratos.
Para que no se desboque la ambición de esa caterva de contratistas, la Constitución del 91 estableció la obligatoriedad de los Planes de Desarrollo, que generalmente consolidan dentro de marcos legales lo que los candidatos a ser elegidos han presentado en campaña.
Pero como cada municipio adopta uno, y son 1.103.Como cada departamento adopta otro, y son 32. Y como cada presidente adopta uno global para cobijar ministerios e institutos descentralizados los Planes de Desarrollo, en 32 años, nunca han pasado de ser un acto masturbatorio de la democracia, pero la corrompisiña inundó a Colombia.
Los ejemplos que estamos viendo a diario han ido en aumento desde cuando los contratos y los contratistas reemplazaron por mandato constitucional los deseos de progreso o las necesidades.
No ha importado el color o el origen del gobernante. La corrupción después de 1991 se apoderó de Colombia ,como sucede en China desde hace 3.000 años. Como se vivió en Roma hace 2.000.Como estalló en Francia en 1794.Los últimos ejemplos son contundentes.
El roba/roba que disculpó la falta de agua en La Guajira destapó la alcantarilla por donde circula la corrompisiña institucionalizada.