El Colegio Nacional de Abogados Penalistas, rindió homenaje al jurista y exgobernador Boyacense Heraclio Fernández Sandoval
Gerney Ríos González
Vino al mundo un 8 de mayo de 1936. Tunja lo vio nacer, crecer y triunfar. La Universidad La Gran Colombia, lo formó, estructuró y doctoró en Derecho y Ciencias Políticas, graduado en diciembre de 1959. Un recorrido al estilo de los ciclistas boyacenses por lo alto y en todos los terrenos: Alcalde, gobernador, embajador, profesor, comunicador, congresista e historiador.
Heraclio Fernández Sandoval fue Alcalde de Tunja en 1965; gobernador del departamento de Boyacá, 1981-1982-; durante varios periodos concejal de diferentes municipios de Boyacá, diputado y desde 1966, Representante a la Cámara, donde presidió la Comisión Segunda.
En su condición de parlamentario fue autor de la ley sobre redención de penas por trabajo y estudio, y ponente de la que estableció el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional. En 1973 realizó un debate por el paro de la justicia, que posibilitó una solución integral y concertada.
Un grancolombiano en la concepción integracionista, el jurista Fernando Arboleda Ripoll, fue el primer embajador de Colombia en Ecuador tras el restablecimiento de relaciones con ese Estado el 26 de noviembre de 2010. Asumió el cargo el 3 de febrero de 2011, cumpliendo una labor excelente en el terruño donde los patriotas entraron victoriosos a Quito, sellaron la libertad del hermano país en la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, y en forma definitiva declararon la independencia del Imperio Español, asegurando la emancipación de Colombia como la naciente nación de la América Meridional.
En su vocación internacionalista, Heraclio Fernández Sandoval en 1976 fue nombrado Embajador de Colombia en Costa Rica en el gobierno de Alfonso López Michelsen.
Su gestión diplomática fue contundente. El 17 de marzo de 1977 en San José, los plenipotenciarios Heraclio Fernández Sandoval y Gonzalo J. Facio, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, suscribieron el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Colombia y la República de Costa Rica, en los espacios del mar Caribe.
El 6 de abril de 1984 los plenipotenciarios Rodrigo Lloreda Caicedo de Colombia y Carlos José Gutiérrez de Costa Rica, rubricaron en Bogotá el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima en el Océano Pacífico, acuerdo vigente desde el 20 de febrero de 2001 para ambos Estados, Pacto en el cual se demarcaron los espacios distanciados a 630 km entre el archipiélago Malpelo de Colombia y la isla del Coco que a partir del uti possidetis juris de 1810 perteneció a nuestra nación pero que cedimos a los “ticos”.
Según los juristas grancolombianos Marco Tulio Calderón Peñaloza, Horacio Gómez Aristizábal y Heraclio Fernández Sandoval, el uti possidetis juris, es un principio que consagra la posición de derecho existente en momentos de la emancipación, equivalente de la posesión efectiva para los Estados que se independizaron de la metrópoli española, en razón de que sus respectivos territorios fueron los que comprendían a las demarcaciones administrativas y Colombia se conformó como Estado en 1810 a partir del Virreinato de la Nueva Granada, colonia del Imperio, fundada en 1550.
Heraclio Fernández Sandoval, es autor de análisis jurídicos, políticos e internacionales en publicaciones locales y globales; corresponsal de El Tiempo durante un lustro y columnista de Boyacá sie7e Días. Presidió la Asociación Periodistas de Boyacá e integrante de la Asociación de Comunicadores Sociales.
Miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia; directivo de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras, Constituyente de la Academia de Historia José María Córdova Muñoz, componente del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, cofundador del Colegio de Abogados de la Fuerza Pública, directivo del Colegio de Abogados de Cundinamarca, miembro de la Academia Boyacense de Historia, cogestor de la Academia Policarpa Salavarrieta Ríos y presidente honorario del Colegio de Abogados Grancolombianos.