12 comunidades campesinas e indígenas del municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, vienen siendo víctimas de estructuras al margen de la ley, las cuales han recrudecido su accionar indiscriminado desde comienzos de este año.

Son 3347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera. Así lo pudo establecer , la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó en una misión de verificación hecha en el territorio.

Las familias, que forman parte de las comunidades Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, están afectadas por la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, amenazas a lideresas y líderes sociales y profesores, torturas contra indígenas por supuestamente pertenecer a diferentes grupos armados ilegales, acoso sexual contra mujeres.

«El control territorial y social ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o AGC-Clan del Golfo, es cada vez mayor. Además, el grupo armado quiere imponer su hegemonía en las comunidades que habitan la zona a lo largo del río Atrato. Todo fue advertido en nuestra Alerta Temprana 016 del 2021», manifiesta Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.

Retenes ilegales y ultraje a mujeres

La misión humanitaria, así mismo, conoció que las comunidades, cuando por necesidad se arriesgan a salir de sus territorios, están siendo extorsionadas en varios puntos donde ilegales que delinquen en las áreas rurales de Bojayá han instalado retenes. Denunciaron que son cuatro los retenes, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva. Les quitan las pertenencias cuando reclaman ayudas humanitarias y recursos de la indemnización que les corresponde por ser víctimas del conflicto.

«A las mujeres las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor. Me pregunto dónde está la institucionalidad, dónde están los cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que actuar, honrar lo que les dicta nuestra Constitución. La dignidad humana es un derecho que debe ser protegido», reclama el Defensor del Pueblo.

Restricciones a los productores de plátano

Otro hecho es la restricción para sacar del territorio la producción de plátano. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia impiden que les entren recursos a los pobladores que dependen de ese comercio porque, según la denuncia, los señalan de destinarlos a otros grupos armados ilegales.

«Es una clara infracción al derecho internacional humanitario, enmarcado en los Protocolos de Ginebra, la lamentable situación. Lo que está sucediendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, pero también a los campesinos de Bojayá y sus alrededores», expresa Camargo Assis.