Älvaro Uribe el imputado 

Rafael Camargo

El Caso Uribe es el nombre con el que se conoce al proceso judicial que se lleva a cabo en Colombia  en contra del expresidente Álvaro Uribe, quien en marzo de 2024 fue imputado por la Fiscalía  y llamado a juicio para responder por los presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

Los hechos se originan por el propio Uribe, que trató de acabar  al senador Iván Cepeda, moral u judicialmente, acusándolo de entregar dinero a los narcos paramilitares para que testificaran en contra de él. La justicia inició la investigación y concluyó con la inocencia de Cepeda y ordenó una investigación contra Uribe al conocer pruebas y testimonios sobre sobornos a ex paramilitares para que hablaran sobre su inocencia.

En agosto de 2020, hubo un gran revuelo nacional cuando la Corte Suprema de Justicia le impuso a Uribe la medida de detención domiciliaria por riesgos de obstrucción a la justicia, mientras se desarrollaba la investigación.5​ Este hecho causó que Uribe renunciara a su curul como senador, con el fin de ser juzgado por la justicia ordinaria y no por la corte suprema que investiga a funcionarios con fuero judicial.

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La Fiscalía General de la Nación mediante comunicado oficial: «Garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo»,

El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe en muchos casos,  solicitó, de nuevo, la nulidad de todo el proceso en contra de su cliente, argumentando violación al debido proceso y al derecho a la defensa.

Granados manifestó su seguridad en que la Fiscalía no logrará demostrar los cargos de fraude procesal y soborno a testigos imputados a su cliente. Granados calificó el proceso como una persecución política de larga data contra Uribe, negando la existencia de pruebas que vinculen directamente al expresidente con los delitos mencionados.

Uribe, en el caso en su contra,  acusó al magistrado de la Corte Suprema  de Justicia, César Augusto Reyes, de ayudar a Iván Cepeda para que no lo incriminaran.

La procuradora Margarita Cabello, de reconocida tendencia uribista, apoya a la defensa de Uribe en su intento de impedir a la justicia actuar, usando toda clase de argumentos a las garantías judiciales. La funcionaria, según las primeras denuncias en su contra, utiliza la  Procuraduría  contra la sociedad, por defender los intereses de sus jefes políticos, han manifestado los denunciantes.