La Institución Educativa Rural de Orú Bajo en El Tarra fue gravemente afectada por artefactos explosivos, un hecho que el Gobierno nacional ha repudiado enérgicamente

Norte de Santander

Un alarmante suceso sacudió el pasado sábado la región del Catatumbo, Norte de Santander. La Institución Educativa Rural de Orú Bajo en El Tarra fue gravemente afectada por artefactos explosivos, un hecho que el Gobierno nacional ha repudiado enérgicamente, exhortando a los grupos armados ilegales a respetar los entornos escolares y garantizar la integridad de toda la comunidad educativa del país.

Panorama Desolador

El Ministerio de Educación de Colombia denunció que este ataque se suma a una lamentable y persistente crisis humanitaria que azota diversas regiones. Las consecuencias son devastadoras: confinamiento y desplazamiento masivo de comunidades, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, y profundas afectaciones psicológicas que golpean a estudiantes, docentes y padres de familia.

El Ministerio reiteró con preocupación que la población civil, y de manera particular la infancia y la adolescencia, sigue sufriendo los peores efectos de la violencia. Estos impactos no solo trastocan sus trayectorias educativas, sino que minan sus posibilidades de desarrollo integral y el sentido de vida colectiva en sus territorios.

Esta situación subraya la complejidad del contexto actual, donde las dinámicas de los conflictos armados mutan en regiones como Catatumbo, Guaviare o Jamundí, por nombrar solo algunas. Ello genera una problemática aún mayor para atender las distintas situaciones y asegurar el derecho fundamental a la educación para miles de menores.

Respeto del Derecho Internacional Humanitario

Ante este sombrío panorama, el Ministerio de Educación enfatizó la imperiosa necesidad de preservar la labor humanitaria. Instó a los actores armados ilegales a permitir el acceso de la institucionalidad y las organizaciones humanitarias, y a mantener las instituciones educativas completamente al margen del conflicto, en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario que protege a la población civil y, en especial, a los niños.

«Desde el Ministerio de Educación nos solidarizamos con las comunidades afectadas e invitamos a la institucionalidad del orden nacional y territorial, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a los organismos internacionales y a los liderazgos sociales, a abrazar a las escuelas como territorios de vida, de saberes y de paz», manifestó el comunicado oficial. El Ministerio reafirmó su compromiso con la construcción de transformaciones que permitan avanzar hacia territorios y un país con justicia social.

Finalmente, el Gobierno hizo un exhorto directo a los grupos armados ilegales en el Catatumbo, Guaviare, Jamundí y otras regiones del país. Se les instó a mantener la escuela como un espacio sagrado para la vida y la convivencia, y a entablar diálogos de paz con el Gobierno colombiano. La finalidad es materializar en hechos concretos un alivio al sufrimiento de la población civil, en particular de niños, niñas, adolescentes, docentes, personal administrativo y padres de familia, garantizando que las comunidades educativas permanezcan completamente ajenas al conflicto.

La comunidad de La Institución Educativa Rural de Orú Bajo en El Tarra,exigió de las autoridades garantías para los escolares.