El presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, declaró la Emergencia Económica en Colombia por el saboteo legislativo de la oposición de la ultraderecha en el Congreso.

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Economia

El Gobierno Nacional ha decidido tomar una vía excepcional para salvaguardar las finanzas públicas de 2026. Ante el rechazo del Congreso a la Ley de Financiamiento, el presidente Gustavo Petro confirmó que expedirá un Decreto de Emergencia Económica. El objetivo central es recaudar los $16,3 billones que faltan para equilibrar el Presupuesto General de la Nación, manteniendo la premisa de que estos recursos deben provenir de los sectores con mayor capacidad contributiva, a quienes el mandatario denomina como los «megarricos».

A través de sus canales oficiales, Petro defendió la legitimidad de esta medida, calificándola como una «devolución pequeña» de los beneficios obtenidos por las élites bajo modelos económicos anteriores. Sin embargo, el movimiento no está exento de riesgos. El propio jefe de Estado advirtió que, si la Corte Constitucional decide invalidar el decreto, el país enfrentaría un aumento en la tasa de riesgo y una posible crisis de insostenibilidad de la deuda. Según sus palabras, «no es una amenaza, sino simple economía de primer semestre».

Deuda bruta frente a deuda neta

Un eje fundamental en la argumentación de la Casa de Nariño es la distinción entre la deuda bruta y la deuda neta. Mientras que la deuda bruta representa la totalidad de las obligaciones financieras y es el indicador que suele generar alarmas en las calificadoras de riesgo, la deuda neta descuenta los activos líquidos y depósitos que el Estado mantiene en la banca.

El presidente sostiene que, para un análisis de sostenibilidad serio, se debe mirar la deuda neta integral, la cual asegura que está disminuyendo como porcentaje del PIB. En este sentido, Petro ha sido crítico con la narrativa de algunos medios de comunicación, acusándolos de difundir una visión parcial de las cifras para favorecer intereses políticos de sus propietarios. No obstante, analistas advierten un matiz crítico: aunque la deuda neta baje, el problema real es la liquidez inmediata, ya que los altos intereses actuales consumen el flujo de caja necesario para la operación diaria del Estado.

Las causas de una deuda 

A pesar de las mejoras en los indicadores netos, el Ejecutivo califica la estructura actual de la deuda como «insostenible» por dos razones principales:

Un desbalance estructural entre ingresos y gastos que, según Petro, arrastra el país desde administraciones pasadas.

El mandatario señala que la política monetaria del Emisor, al mantener tasas de interés reales por encima del crecimiento económico, encarece desproporcionadamente el servicio de la deuda interna.

El laberinto jurídico

El uso del Artículo 215 de la Constitución para emitir una emergencia económica sitúa al Gobierno en un terreno legal resbaladizo. Para que el decreto sobreviva al examen de la Corte, el Ejecutivo deberá probar la «sobreveniencia», es decir, que la falta de recursos es un hecho imprevisto y no el resultado de una dinámica política previsible en el Congreso.

Además, se enfrenta al principio de subsidiariedad, que obliga a demostrar que no existían otras vías legales ordinarias para obtener el recaudo. Si la Corte considera que la emergencia es un atajo para eludir el debate legislativo, el decreto podría ser declarado inexequible, lo que obligaría al Gobierno a ejecutar un recorte drástico del gasto público —el temido «tijeretazo»— afectando sectores clave de inversión social.

En última instancia, el éxito de esta apuesta depende de un delicado equilibrio entre la urgencia fiscal y el respeto a la separación de poderes, en un contexto donde el costo del endeudamiento y la volatilidad del dólar siguen condicionados por la estabilidad de las instituciones colombianas.