Ocho sentencias, proferidas entre 2022 y lo que va de 2025, han brindado un alivio trascendental a más de 3.211 núcleos familiares, víctimas de despojo, desplazamiento y diversas afectaciones del conflicto.
Armando Meléndez
Popayán, Cauca
Una nueva era de esperanza y reparación se consolida en el departamento del Cauca, donde la restitución de tierras está reescribiendo la historia de miles de familias. Ocho sentencias, proferidas entre 2022 y lo que va de 2025, han brindado un alivio trascendental a más de 3.211 núcleos familiares, víctimas de despojo, desplazamiento y diversas afectaciones del conflicto.
Esta cifra, que subraya un compromiso renovado, emana del riguroso registro de la Dirección Territorial Cauca de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). A la fecha, esta dirección ha asegurado un total de once fallos judiciales favorables a comunidades indígenas y afrodescendientes, destacando que el 72% de estas decisiones se han concentrado en los últimos tres años.
Particularmente, los últimos seis meses han sido testigos de un avance notable, con la expedición de cinco sentencias que representan un hito tanto para los pueblos ancestrales como para la capacidad de respuesta institucional de la URT.
Este logro ha sido posible gracias a una serie de medidas estratégicas, que incluyen un diálogo constante y respetuoso con las comunidades, la expansión del equipo de trabajo y, crucialmente, la apertura de dos juzgados de Restitución de Tierras con enfoque étnico en Popayán. Esta última iniciativa es fruto de un esfuerzo articulado entre la URT y el Consejo Superior de la Judicatura, evidenciando una sinergia institucional sin precedentes.
Las comunidades ancestrales que han visto sus derechos reivindicados en este periodo son los resguardos indígenas de Papallacta, Honduras, Nueva Bellavista y Partidero, Páez de Tóez y San Miguel de Infi, así como los consejos comunitarios Río San Francisco, Playón del Río Sigüí y Guapi Abajo.
Estas 3.211 familias están ahora en proceso de armonizar su territorio, impulsando el retorno seguro, implementando iniciativas de seguridad alimentaria y desplegando otras medidas de reparación integral que les permiten reconstruir sus vidas con dignidad.
Actualmente, el compromiso de la URT en el Cauca se mantiene firme, con 19 casos étnicos en etapa administrativa y 31 en fase judicial, todos ellos priorizados bajo el marco del Plan de Acción Étnico 2025. El propósito es acelerar las diligencias que permitan el avance de estos expedientes en la instancia judicial, con la meta clara de obtener sentencias de los recién creados juzgados especializados.
Para asegurar la efectividad de las órdenes judiciales, la Dirección Territorial Cauca de la URT realiza periódicamente mesas bilaterales. Estos encuentros, centrados en las diversas sentencias —tanto colectivas como individuales—, buscan garantizar el seguimiento riguroso de las directrices emitidas por los jueces.
Los magistrados, por su parte, instan a un trabajo mancomunado y coordinado con las demás instituciones estatales mencionadas en cada fallo. Esta articulación del Estado no solo agiliza los procesos, sino que asegura una respuesta integral y efectiva para la protección y reparación de las víctimas del conflicto armado, reafirmando el compromiso con la justicia y la construcción de paz en el Cauca.