Las EPS colapsaron en Colombia, sacaron el dinero a paraísos fiscales 

Rafael Camargo Vásquez

Bogotá, Colombia

El sistema de salud colombiano se encuentra al borde del colapso, según el reciente y alarmante informe de la Contraloría General de la República. La radiografía financiera es desoladora: 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda de $32.9 billones de pesos con clínicas, hospitales, laboratorios y operadores farmacéuticos. Esta cifra, que ha crecido en $7.9 billones solo desde 2023, evidencia un desfinanciamiento crítico y un desorden administrativo que el Gobierno atribuye al actual modelo de aseguramiento basado en la intermediación.

La crisis trasciende el ámbito financiero. La imposibilidad de pagar a tiempo ha fragmentado la atención, demorando servicios esenciales y obligando a miles de familias a costear de su propio bolsillo medicamentos, exámenes y procedimientos vitales.

Responsabilidad de las EPS

A pesar de la magnitud de la crisis, el informe de la Contraloría es contundente: esta monumental deuda no recae sobre el Gobierno. El Ministerio de Salud y Protección Social ha reiterado estar al día con sus obligaciones, destacando un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el financiamiento del sistema.

De hecho, durante esta administración, los recursos destinados al aseguramiento en salud han experimentado un crecimiento cercano al 40%. En 2024, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) alcanzó los $87.89 billones, un 17% del Presupuesto General de la Nación. Ese mismo año, la UPC fue incrementada en un 12.01%, superando la inflación del 5.20%, lo que, según el Gobierno, subraya su compromiso financiero.

«A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso», sentenció el presidente Gustavo Petro durante una alocución dedicada al informe de la Contraloría. El mandatario insistió en que «las EPS intervenidas han reducido la deuda en 14% con los hospitales y las clínicas. Por este motivo, la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para detener el desangre del sistema».

La Cifra Escandalosa

Más allá de los pagos puntuales del Gobierno, la Contraloría ha revelado cifras que elevan la preocupación: $2.71 billones de pesos girados por la ADRES a las EPS no fueron reportados por estas en sus estados financieros. Estos recursos, cuya trazabilidad es incierta, serán objeto de rigurosas actuaciones fiscales.

La situación se agrava al constatar que entre 2020 y 2024, se han acumulado $15.79 billones sin trazabilidad, de los cuales $4.22 billones corresponden solo a 2024, un patrón persistente de opacidad en el manejo de fondos públicos. Un caso emblemático es el de la Nueva EPS, que antes de su intervención, ya adeudaba $5.07 billones al sistema para finales de 2022.

El informe también expone la precaria situación operativa de las EPS: de 26 evaluadas en 2023, solo 5 cumplen con la provisión de reservas técnicas, y apenas 10 tienen indicadores de liquidez y solvencia adecuados. Un alarmante 61% de las EPS carecen de recursos líquidos para operar, y 16 incumplen simultáneamente los tres requisitos normativos clave. Esto implica que gran parte de las entidades que gestionan fondos públicos para la salud operan sin la capacidad financiera para sostenerse.

Corrupción Histórica

La paradoja se extiende al suministro de medicamentos. A pesar de que el Gobierno ha pagado el 90.3% de lo facturado por operadores farmacéuticos en 2024 ($13.3 billones de $14.7 billones), persisten graves fallas en la distribución. «Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es mentira. Si hemos pagado el 90% de lo facturado, ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Las quejas, entonces, no son contra este Gobierno, sino contra los gestores farmacéuticos», afirmó el Presidente, señalando un eslabón crítico en la cadena.

El informe de la Contraloría no solo se centra en el presente, sino que desvela un historial de corrupción sistémica en el sector: desvíos a paraísos fiscales, creación de IPS «de papel», cobros múltiples de UPC por el mismo paciente y manipulaciones contables para justificar la suficiencia de la UPC. Desde 2022 hasta marzo de 2025, la Contraloría ha abierto 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones, con 111 imputaciones y 41 fallos ejecutoriados, confirmando la captura indebida de recursos.

Urgencia Indispensable

Frente a este desolador panorama, el Gobierno reitera que la reforma estructural del sistema de salud es «urgente, inaplazable y respaldada por la evidencia técnica». La propuesta busca eliminar gradualmente la intermediación financiera de las EPS, fortalecer la atención primaria, implementar auditorías integrales, garantizar la trazabilidad de los recursos y establecer mecanismos de saneamiento para las EPS que transiten hacia gestoras de salud y vida.

El Presidente Petro, apoyado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha señalado el sacrificio fiscal de $17.7 billones en 2024 por la exoneración de aportes patronales, propone soluciones: «El ministro Jaramillo propone regresar al impuesto patronal, yo propongo aumentar el impuesto de renta de las personas más ricas de Colombia, destinado a la vida del pueblo. Esto hace parte del pacto social», sentenció el mandatario.

El veredicto de la Contraloría es inapelable: la estructura de intermediación actual ha conducido al sistema al borde del abismo. Sostener este modelo implica normalizar el desvío de recursos, la inoperancia financiera y la desprotección de millones de colombianos. La reforma no es solo una decisión política, sino una necesidad imperante para asegurar el derecho fundamental a la salud para todos.