El presidente Petro,luego de recibir el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),también recibió el respaldo de todas las fuerzas militares como máximo comandante.
Rafael Camargo Vásquez
Bogotá, Colombia
Las reformas pensional y laboral del gobierno de Gustavo Petro se encuentran en el epicentro del debate político colombiano, generando una polarización que contrasta el optimismo internacional con la vehemente crítica interna. Recientemente, Yoshiki Takeuchi, secretario general adjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), extendió sus felicitaciones al Ejecutivo por los avances en estas iniciativas, destacando su alineación con los compromisos del organismo internacional. Durante el Foro de Desarrollo Local de la OCDE 2025 en Barranquilla, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, detalló logros como la creación de más de 1.8 millones de nuevos empleos desde septiembre de 2022 y la entrega de 1.1 millones de incentivos con el programa «Empleos para la Vida», así como la garantía de derechos laborales para más de 300 mil aprendices del SENA.
Sin embargo, esta visión positiva de las reformas dista mucho de la percepción de la oposición y de diversos sectores de la derecha y los grandes medios. La reforma pensional, en particular, ha sido un campo de batalla. Líderes de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical han sido señalados por el presidente Petro de intentar bloquear su aprobación, especialmente en lo referente al «bono pensional» para las mujeres, llegando incluso a ausentarse de debates clave. La devolución del texto por parte de la Corte Constitucional debido a un vicio de trámite en la Cámara fue celebrada por la oposición como una señal de las falencias en la gestión legislativa del gobierno.
Las críticas se profundizan en el análisis de los impactos económicos. Un exministro de Hacienda alertó que la reforma pensional podría generar un costo adicional de $54 billones para el país, una carga que, a su juicio, recaerá sobre las generaciones más jóvenes. Por su parte, el Banco de la República ha solicitado posponer la entrada en vigor de la reforma, argumentando la necesidad de tiempo para ajustar procesos operativos y la contratación de administradores externos, una petición que el presidente Petro ha rechazado categóricamente, tildándola de «vampirismo financiero» y «odio de clases». Voces de la derecha, como la senadora Paola Holguín, han expresado su preocupación por la posible «compra» de la reforma en el Congreso y han acusado al gobierno de intentar «tumbarla» con «mentiras». Además, acciones como la recusación de magistrados por parte de activistas del Centro Democrático han sumido la reforma en un «limbo jurídico».
En cuanto a la reforma laboral, la oposición y el sector empresarial han sido igualmente críticos. La senadora Paola Holguín la calificó de «dulce envenenado», advirtiendo que no beneficia al país y que podría llevar a la pérdida de hasta 450.000 empleos, según estimaciones del Banco de la República. Subrayó que el 85% del tejido empresarial formal de Colombia está compuesto por micro-negocios incapaces de asumir los sobrecostos que, según ella, impone la reforma. Además, el sector empresarial, incluyendo compañías de Estados Unidos, ha manifestado su preocupación por la falta de claridad en las regulaciones y el riesgo de que el encarecimiento de la contratación desvíe inversiones hacia otros países. La reforma también es cuestionada por su impacto en los jóvenes aprendices del SENA, argumentando que al equiparar sus costos con los de un trabajador experimentado, se desincentivará su contratación y se podría fomentar la informalidad. En este complejo escenario, el gobierno de Petro defiende sus reformas como un avance hacia la justicia social, mientras la oposición y ciertos medios las perciben como una amenaza a la estabilidad económica y laboral del país.