Hay millones de niños en tránsito. Algunos tuvieron que abandonar sus hogares debido a los conflictos, a la pobreza o al cambio climático; otros se marcharon con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura.
Primicia Diario
Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han presentado de manera conjunta el primer boletín titulado «Garantía de los derechos de la niñez migrante». Esta publicación, resultado de la colaboración entre el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) y el Observatorio del Bienestar de la Niñez (OBN), ofrece una visión detallada y sin precedentes sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes, refugiados y retornados en el país.
El informe revela que del total de casi 2,8 millones de migrantes venezolanos en Colombia, el 28,4 % corresponde a menores de edad. Un dato alentador es que el 90 % de esta población ya ha logrado su regularización gracias al Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), cuyo Permiso por Protección Temporal (PPT) se mantiene vigente hasta 2031, asegurando así la continuidad de sus derechos fundamentales.
Regularización y el Bienestar
El Gobierno ha implementado mecanismos innovadores para blindar la protección integral de esta población. En septiembre de este año, Migración Colombia puso en marcha el PEP-Tutor, un nuevo sistema que facilita la regularización de los cuidadores o representantes de NNA venezolanos. La medida, contemplada en el Decreto 1209 de 2024, permite que los adultos responsables accedan a servicios esenciales, empleo y educación formal, potenciando la cobertura de protección sobre más de 270.000 menores con PPT, según el OM3.
No obstante, el boletín lanza una seria advertencia al revelar un alarmante aumento del 58,7 % en los casos de violencia contra la niñez migrante entre 2019 y 2024. Las autoridades interpretan este incremento como una clara alerta sobre los riesgos asociados a la movilidad irregular, las rutas inseguras y la separación familiar durante los desplazamientos.
En respuesta a esta vulnerabilidad, el ICBF reportó haber atendido a más de 61.000 NNA migrantes en 2024, concentrando sus esfuerzos en programas de prevención y primera infancia.
Detección y Judicialización
La respuesta institucional se ha fortalecido con estrategias de largo alcance. Migración Colombia implementó la «Política Institucional de Derechos Humanos – Red Migrante», una plataforma que articula esfuerzos con entidades gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil para garantizar la atención sin discriminación, especialmente a los menores en riesgo o no acompañados. En estos casos, el protocolo exige la entrega inmediata al ICBF o a la Policía de Infancia y Adolescencia.
Adicionalmente, en conjunto con el Ministerio de Salud y el ICBF, la autoridad migratoria activó la «Hoja de Ruta Interinstitucional para la Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes afectados por el Tráfico de Migrantes». Esta define los lineamientos para la detección oportuna, la atención en salud, el restablecimiento de derechos y la judicialización de los responsables de este delito.
En materia de control, las cifras revelan la lucha contra redes criminales: Migración Colombia reportó 400 casos de falsificación de documentos para la salida irregular de menores en los últimos dos años. Asimismo, se inadmitió o expulsó a 133 extranjeros, en su mayoría estadounidenses, identificados como posibles agresores sexuales. En lo que va de 2025, cuarenta personas han sido inadmitidas o expulsadas por este mismo motivo.
«Colombia no es solo punto de salida, sino también de retorno y acogida. Nuestra prioridad es que ningún niño o niña migrante quede por fuera de la protección del Estado», concluyó Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, reafirmando el compromiso estatal con la niñez en movilidad.
Miles de niños migrantes venezolanos están solos en Colombia