Grupo Élite para proteger la vida del personal del (INPEC)
Rafael Camargo Vásquez
Judicial
Ante la escalada crítica de violencia y amenazas contra el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Estado colombiano ha activado un grupo especial interinstitucional liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Esta acción surge como respuesta directa a un saldo trágico que incluye el asesinato de funcionarios y más de «270 amenazas» documentadas solo en un periodo reciente.
Fuerza Conjunta
El núcleo de esta estrategia está conformado por personal especializado de la Policía y la Fiscalía, con apoyo ocasional del Ejército Nacional en labores de patrullaje en corredores urbanos y rurales.
El objetivo primordial del grupo es doble: asumir la protección inmediata de los guardianes y acelerar la identificación y judicialización de los autores materiales e intelectuales detrás de los ataques.
Las Medidas de Choque
Las autoridades han implementado un conjunto de medidas de alto impacto para contrarrestar la ofensiva criminal:
Se han dispuesto escoltas armados para los funcionarios en zonas de alto riesgo (como la ruta Girón-Palogordo). Adicionalmente, el INPEC anunció la adquisición de chalecos y camisas balísticas, consideradas esenciales para la protección personal, tanto en servicio como fuera de él.
Tras atentados críticos (como el de la cárcel La Modelo de Bogotá), se han reforzado los esquemas de seguridad en centros de reclusión y hospitales donde son atendidos los heridos.
La Fiscalía, a través de unidades de policía judicial como el CTI y la Sijín, asumió las investigaciones. Los primeros indicios confirman que los ataques no son aislados, sino acciones articuladas por organizaciones criminales que dirigen operaciones desde el interior de las cárceles.
Para agilizar las capturas, el Gobierno Nacional ha ofrecido recompensas de hasta $50 millones por información que conduzca a los responsables de estos actos.
Crimen desde las Rejas
La violencia se atribuye a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado. Su estrategia es la intimidación sistemática de la guardia para evitar el traslado de internos de alto valor o mantener el control sobre actividades ilícitas dentro de los penales.
Las investigaciones, sustentadas en audios y análisis de inteligencia, sugieren una planificación sistemática de los ataques. Estos grupos, incluida la banda conocida como «MAGO» (Muerte a Guardianes Opresores), rastrean los movimientos de los guardias fuera de servicio para cometer sus atentados. Las amenazas se concentran particularmente en regiones clave como Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Cundinamarca.
Al activar este grupo élite, el Estado reafirma su determinación de «mantener la vigencia de la justicia y el orden constitucional, sin permitir que la violencia condicione su accionar institucional». El objetivo final del esfuerzo conjunto entre la Policía y la Fiscalía es desmantelar las redes criminales que operan desde los centros de reclusión y blindar la seguridad del personal penitenciario.