Juan Diego Gómez, expresidente del Congreso de la República.
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Colombia ha sido testigo de un oscuro y complejo entramado de corrupción que une a figuras políticas de alto perfil, la administración de bienes incautados a la mafia y poderosas redes criminales. En el centro de esta maraña se encuentran la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el exsenador Juan Diego Gómez, y la controversial figura de «La Madrina».
La SAE
La SAE, la entidad encargada de administrar los bienes confiscados al narcotráfico y a la corrupción, ha estado en el ojo del huracán por la desaparición de miles de propiedades. De las 28,000 propiedades bajo su custodia, cerca de 8,000 no están localizadas, lo que ha generado un hallazgo fiscal de más de $28,000 millones por parte de la Contraloría. Estas irregularidades no son nuevas; el problema se remonta a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que también colapsó bajo el peso de la corrupción. Las denuncias señalan una mala administración y la ocupación irregular de inmuebles, a menudo por las mismas familias de los criminales a los que se les decomisaron.
Negocios Turbios y Vínculos Peligrosos
El exsenador Juan Diego Gómez, que llegó a presidir el Congreso, ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia. La fundación periodística Cuestión Pública lo ha señalado en una profunda investigación, revelando su red de contactos con individuos convictos, narcotraficantes y personas señaladas de corrupción.
Cuestión Pública reveló que Gómez participó en un negocio inmobiliario con Diego Aristizábal Mejía, asociado del narcotraficante alias«El Arquitecto», piloto de Pablo Escobar y socio de «El Chapo» Guzmán. Aristizábal estuvo en la Lista Clinton durante ocho años.
La investigación de Cuestión Pública documentó cómo familiares, aportantes de campaña y socios de Gómez obtuvieron 106 contratos con el Estado por más de $7,600 millones, la mayoría a través de contratación directa. Su padre, Orlando de Jesús Gómez, fue condenado a ocho años de prisión por fraude procesal, y su esposa, Elizabeth Zapata Mesa, fue señalada por irregularidades en una empresa mixta creada para evadir controles públicos.
Gómez ha intentado silenciar a Cuestión Pública a través de tutelas y denuncias penales. Sin embargo, en dos instancias, los jueces fallaron a favor del medio, reconociendo que la investigación «no es parcializada, incorrecta y mucho menos que sea falsa».
Una nueva denuncia contra el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, lo vincula con una investigación de la Corte Suprema por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
La denuncia, que se encuentra en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, se basa en una presunta reunión que tuvo lugar el 17 de marzo de 2022. En ella, el exsenador se habría encontrado con su hermano, David Orlando Gómez Jiménez, y con Andrés Ávila, quien en ese momento era el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para supuestamente concretar negocios con bienes en proceso de extinción de dominio.
El hermano de Juan Diego, David Orlando, es el vicepresidente de la Central de Inversiones S. A. (CISA), la entidad que administra las propiedades del Estado. Este cargo representa un claro conflicto de intereses, ya que la familia Gómez Jiménez se dedica al negocio inmobiliario y podría tener acceso a información privilegiada.
El informe también menciona los problemas legales del padre de Juan Diego Gómez, Orlando de Jesús Gómez, alias «la Ballena», quien fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal y otros delitos relacionados con la apropiación ilegal de un predio en Bello, Antioquia. El padre murió en la cárcel, mientras enfrentaba otro pleito por la presunta apropiación de un lote de 52,000 metros cuadrados.
De la Mafia a la Presidencia
La figura de «La Madrina» tiene dos identidades. Por un lado, una narcotraficante extraditada a Europa. Por otro, un alias usado en una red de corrupción política para referirse a Juliana Márquez, la madre del expresidente Iván Duque.
En el marco del escándalo de corrupción «Las Marionetas», audios de la Fiscalía revelaron que los implicados se referían a Juliana Márquez como «La Madrina» para traficar influencias y obtener beneficios en entidades públicas. Se mencionan supuestas reuniones para discutir la donación de bienes de la SAE, lo que sugiere un posible uso de su cercanía a la Presidencia para mediar en la distribución de activos incautados. A pesar de estas revelaciones, no ha habido una investigación formal de la Fiscalía en su contra.
Veredicto de la Opinión Pública
Los reportajes periodísticos han sido la principal fuerza que ha destapado estas redes de corrupción. A pesar de que no todas las acusaciones se han formalizado en procesos judiciales, las pruebas y los vínculos expuestos revelan un preocupante patrón de apropiación de recursos del Estado y el entrelazamiento de la política con el crimen organizado. La impunidad en muchos de estos casos ha sido denunciada por la prensa y la ciudadanía, que claman por una justicia que no solo castigue a los delincuentes de cuello blanco, sino que también recupere los bienes que han sido desviados del erario público.
En próximos entregas estaremos revelando nuevas informaciones sobre la trama de corrupción con narcos.
La conversación entre doña Juliana Márquez, madre del presidente Iván Duque y Nova Lorena Cañón, una relacionista pública investigada por hacer parte de la red de corrupción del ex senador Mario Castaño.