Orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra dos miembros del Congreso

Notiprensa

La reciente orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra dos miembros del Congreso –un senador y un representante a la Cámara– por presuntos delitos contra la administración pública, ha desatado una serie de implicaciones jurídicas y constitucionales de gran calado para la institucionalidad colombiana. El jurista,  Hernán Olano García, constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de UNICOC, subraya la ineludible activación de mecanismos legales que impactarán directamente la composición del Congreso y la responsabilidad de los partidos políticos.

Uno de los efectos inmediatos y transcendentales de estas capturas concierne al destino de las curules de los congresistas implicados. En concordancia con el artículo 134 de la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011, se activa la figura de la «silla vacía». Este mecanismo de protección democrática y sanción política a los partidos que avalaron a candidatos involucrados en delitos de corrupción o contra la administración pública, impide el reemplazo de la curul mientras se define la situación jurídica de los congresistas. En caso de condena, la pérdida del escaño se torna definitiva, debilitando la representación del partido al que pertenecen.

Respecto a los tiempos de actuación del Congreso, si bien la ley no establece un plazo exacto, el principio de eficacia administrativa exige una respuesta inmediata una vez recibida la notificación oficial de la decisión judicial. La Mesa Directiva de cada cámara debe, sin dilación, solicitar y verificar la sentencia o medida de aseguramiento para proceder a declarar la vacancia temporal o definitiva, según corresponda. La experiencia comparada advierte sobre los riesgos de la dilación en estos trámites, que pueden generar inseguridad jurídica y erosionar la legitimidad institucional, haciendo de la celeridad un imperativo ineludible.

En su análisis, Olano García enfatiza que, más allá del debate mediático suscitado por este caso, la situación reafirma la crucial importancia de robustecer los mecanismos de control judicial y la responsabilidad política de los partidos al momento de otorgar avales. La integridad de la representación popular y la preservación de la confianza ciudadana en las instituciones dependen directamente de la actuación diligente y transparente del Congreso frente a este tipo de situaciones que ponen a prueba la solidez del sistema democrático colombiano.

En conclusión, la captura de estos congresistas por orden de la Corte Suprema de Justicia no solo representa un golpe a la clase política individualmente señalada, sino que también interpela directamente al Congreso como institución. La aplicación rigurosa de la «silla vacía» y la actuación célere en la declaración de las vacancias son pasos fundamentales para enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a la corrupción y la exigencia de integridad en quienes ostentan la representación popular, buscando así mantener la credibilidad del sistema democrático colombiano.

Hernán Olano García, jurista, constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de UNICOC