El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha presentado una renuncia formal a la prescripción de su proceso judicial por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La decisión, comunicada al Tribunal Superior de Bogotá, llega a menos de dos meses de que el caso expire, una fecha que diversas fuentes sitúan el 16 de octubre de 2025.

La noticia ha generado un intenso debate en el país, con opiniones divididas sobre las verdaderas intenciones detrás de este movimiento sin precedentes.

¿Estrategia legal o acto de transparencia?

Según el abogado del exmandatario, Jaime Granados, la renuncia busca garantizar la «transparencia del proceso» y otorgar al Tribunal Superior de Bogotá el tiempo necesario para analizar a fondo el recurso de apelación de más de 1000 páginas. En su carta, Uribe afirmó que no desea beneficiarse de la prescripción, argumentando que prefiere «el camino de la verdad» por encima de una salida rápida.

«Puro teatro» y «una burla»

La decisión ha sido recibida con un fuerte escepticismo por parte de abogados y figuras políticas. El abogado de las víctimas, Miguel Ángel Del Río Malo, calificó el acto como «puro teatro», mientras que el jurista Elmer José Montaña Gallego afirmó que Uribe «renunció a la prescripción porque sabe que el caso no iba a prescribir».

La senadora María José Pizarro, por su parte, tildó la renuncia de «una burla a la justicia, a las víctimas y a la sociedad», acusando al expresidente de abusar de los recursos judiciales para buscar impunidad. Para Pizarro, la única defensa viable para Uribe era precisamente la prescripción.

En un tono más crítico, el analista Jorge Gómez Pinilla sugirió que la renuncia es una estrategia para dilatar el proceso y permitir que se desarrolle en un contexto político más favorable. Pinilla especuló que Uribe busca que el fallo de segunda instancia no se produzca antes de la consulta de precandidatos del Pacto Histórico el 26 de octubre, con la esperanza de evitar que la visibilidad mediática beneficie a su opositor, el senador Iván Cepeda.