Corte Suprema de Justicia 

Magistrada Cristina Lombana Velásquez.

Rafael Camargo Vásquez

Judicial 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha tomado una decisión crucial al compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta suplantación de un abogado en acciones judiciales dirigidas contra el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. Este hecho, que el entorno del congresista califica como parte de una «campaña sistemática de montajes judiciales» orquestada desde sectores de la «ultraderecha», se enmarca en el constante pulso político-judicial en Colombia.

Presunto Entrampamiento

El entrampamiento denunciado involucró la falsificación de la identidad de un reconocido jurista para interponer acciones que buscaban afectar la integridad política y penal del senador Cepeda, quien además ha sido una figura central en el llamado Caso Uribe.

El jurista Óscar Armando Díaz Campos denunció públicamente haber sido víctima de suplantación. Los responsables falsificaron su firma y utilizaron los números de su cédula y tarjeta profesional en la presentación de varios documentos judiciales.

Las acciones suplantadas incluyen una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y una denuncia penal presentada ante la Corte Suprema de Justicia contra Iván Cepeda, e incluso contra el exministro de Justicia Eduardo Montealegre.

 Según el propio Díaz Campos, los escritos presentados utilizaban su información personal y profesional correcta, pero cambiaban detalles cruciales como el número de celular y el correo electrónico. Esta alteración fue clave para que el abogado descubriera el fraude.

la denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia fue asignada por reparto a la magistrada Cristina Lombana Velásquez.

El hecho de que la única magistrada de la Sala de Instrucción que investiga congresistas haya sido la ponente en este caso generó controversia en su momento, debido a que la magistrada Lombana fue apartada del conocimiento del llamado Caso Uribe por su relación laboral previa con el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, adversario político de Cepeda.

No obstante, la decisión final de la Corte fue inadmitir la denuncia y, al detectar la suplantación, compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue el presunto delito de falsedad personal e ideológica cometido por la persona que utilizó la identidad del abogado Díaz Campos para presentar la acción.

Respuesta Judicial y Política

Tanto las altas cortes como el senador Cepeda reaccionaron ante el hallazgo de la suplantación, que se produce en un contexto de alta tensión judicial.

Tras detectar la irregularidad, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue la «posible conducta punible» de suplantación de identidad. La Corte misma ya había inadmitido la denuncia penal contra Cepeda al considerar que «carece de sustento» y que no existía argumento ni elemento probatorio que sugiriera, siquiera de forma mínima, las graves acusaciones planteadas.

La demanda de pérdida de investidura también fue rechazada por el Consejo de Estado por «falta de requisitos formales», evidenciando la fragilidad de las acciones interpuestas.

 El abogado defensor de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, denunció que existe una «campaña sistemática de montajes judiciales» y suplantación en contra del senador, la cual se da en un momento político sensible, coincidiendo con el contexto del juicio por manipulación de testigos.

Este episodio subraya los riesgos de «entrampamiento» que enfrentan figuras públicas  de alto impacto político en el país.