Ola de cancelaciones y renuncias a la visa de EE. UUU., por parte de la cúpula del Gobierno colombiano.
Javier Sánchez
Primicia Diario
La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un periodo de singular crispación, desencadenado por la decisión del Departamento de Estado de revocar la visa al presidente Gustavo Petro. Este movimiento, que el gobierno estadounidense califica como respuesta a «acciones imprudentes e incendiarias», ha provocado una ola de cancelaciones y renuncias de visados entre los altos funcionarios del gabinete colombiano.
Epicentro de la Crisis
La determinación de revocar el visado del presidente Petro, anunciada por la administración de Donald Trump, se basó en su conducta durante su reciente visita a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La medida fue una reacción directa a la intervención improvisada de Petro en una calle de la metrópoli, donde pidió a los soldados estadounidenses que «desobedezcan la orden de Trump» y que no apunten sus fusiles «contra la humanidad». El mandatario también aprovechó para criticar el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Gustavo Petro confirmó la cancelación de su visa, pero minimizó el impacto, señalando que, al poseer la ciudadanía europea, puede ingresar al país norteamericano a través de la autorización ESTA. El presidente defendió su postura como un «acto de libertad» y dignidad, llegando incluso a proponer la reubicación de la sede de la ONU en un lugar «más democrático», como Doha, argumentando que Estados Unidos había violado los principios fundacionales del organismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un enérgico comunicado de rechazo, catalogando la revocación como un «arma diplomática» que contraviene el espíritu del multilateralismo y los acuerdos internacionales, incluido el de Sede de 1947, que garantiza la entrada de las delegaciones.
Respuesta Solidaria del Gabinete
La acción de Washington se extendió rápidamente a figuras clave del entorno presidencial. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que su visado también fue revocado, un hecho que asoció a la postura del mandatario frente al conflicto en Gaza, afirmando que «Gaza bien vale una visa». Asimismo, trascendió a los medios la cancelación del visado de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien acompañó al jefe de Estado en su viaje a Washington.
En un gesto político de respaldo a la Presidencia, varios altos funcionarios optaron por renunciar públicamente a su visado estadounidense.
La canciller, Rosa Villavicencio, sentenció: «Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta».
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó su decisión en «solidaridad con el presidente Petro y por la agresión de que fue objeto».
El secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, enfatizó que «La soberanía de nuestra Nación no se condiciona ni se subordina».
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, formalizó su renuncia a la visa en un acto de «coherencia con mi visión del mundo» y dignidad.
De la Diplomacia a la Confrontación
Expertos y analistas coinciden en que la serie de revocaciones es una respuesta a la estrategia de confrontación pública que el presidente Petro ha intensificado contra la política exterior estadounidense, particularmente su postura sobre el conflicto en Oriente Medio y la crítica al modelo de la guerra contra las drogas.
El pulso diplomático, interpretado por sectores de la oposición colombiana como una búsqueda deliberada de un «aura de mártir» por parte de Petro para capitalizar la tensión en política interna, pone a prueba la solidez de la relación bilateral histórica entre ambos países.